Sevilla se mostró especialmente duro con el ministro de Economía, Rodrigo Rato, que días atrás destacó que Bruselas había dado plenamente la razón al Gobierno en la cuestión de las ayudas eléctricas, frente a las tesis contrarias del PSOE. 'Hace falta tener cuajo para sostener eso', afirmó Sevilla en conferencia de prensa, 'cuando la realidad es que la Comisión Europea ha dado un varapalo al Gobierno al considerar las ayudas eléctricas, en contra de lo que venía sosteniendo [el Ejecutivo] como ayudas de Estado, compatibles con la legislación comunitaria sólo porque en febrero pasado el Gobierno modificó radicalmente su tratamiento'.
En febrero pasado, el Gobierno modificó mediante un decreto las condiciones por las que las empresas venían cobrando los CTC [1,3 billones de pesetas] desde 1998. En concreto, eliminó la posibilidad de titulizarlos (cobrarlos por adelantado); eliminó el 4,5% de recargo en los recibos, aunque sólo formalmente, ya que la factura no disminuyó en el mismo porcentaje, y estableció un periodo de 10 años para que las empresas cobren las ayudas, cuya cuantía final dependerá de las condiciones del mercado.
Por todo ello, el PSOE cree que las cantidades ingresadas por las empresas hasta febrero de este año deberían ser devueltas a los consumidores. No obstante, Sevilla aclaró que su partido no se plantea iniciativas judiciales en este sentido al considerar que éstas correponderían en su caso a las asociaciones de consumidores.
Precisamente ayer, las asociaciones de consumidores, CECU y OCU, instaron al Gobierno central a seguir el ejemplo del Ejecutivo balear y multar a las compañías eléctricas que permitan cortes de suministro en las zonas en las que operan. En este sentido, el director de la OCU, José María Múgica, explicó que 'se trata de ponerle las pilas a las eléctricas, que sepan que no se van a ir de rositas en situaciones que son de su responsabilidad'.
Chantaje
En el mismo sentido se pronunció también el dirigente de IU, Felipe Alcaraz, quien, al igual que el PSOE, responsabiliza directamente al Gobierno por permitir que las empresas no inviertan en mantenimiento y mejora de redes y, al mismo tiempo, 'chantajeen' a la ciudadanía y al Gobierno con las amenazas de cortes de suministro.
Crítica con las empresas se mostró también la presidenta de la Federación de Municipios, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), que reprochó a las compañías 'no haber invertido a tiempo'. El presidente de Red Eléctrica, Pedro Mielgo, por su parte, abogó por que las eléctricas inviertan 'más de lo estrictamente necesario' para asegurar el suministro.
Frente a las críticas, las empresas trataron de rebajar ayer la temperatura de la polémica. Endesa aseguró en un comunicado que este año está invirtiendo 102.957 millones en instalaciones de transporte y de distribución, lo que supone un aumento del 12,5% respecto al año 2000. La compañía confirmó además que 'próximamente' recurrirá la multa de 100 millones que le ha impuesto el Gobierno balear.
En la misma línea de calmar los ánimos, la asociación de empresas eléctricas Unesa aseguró que los cortes de suministro, si se producen, serán muy localizados y breves. También Hidrocantábrico, las más pequeña de las eléctricas españolas, destacó que en su área de distribución no se producirán cortes de suministro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2001