James Turner se quedó de piedra al ver que la factura de su coche de alquiler incluía casi 100.000 pesetas por exceso de velocidad. No había visto que en la letra pequeña del contrato con Acme Rent-a-car, la compañía se permitía utilizar el sistema de posicionamiento GPS instalado en sus vehículos para controlar la conducta de sus clientes. Turner ha demandado a la empresa, que ha sido sancionada por el Departamento de Protección al Consumidor.
El GPS es un sistema de rastreo que permite a los conductores orientarse vía satélite y a las empresas encontrar sus coches perdidos o robados. Acme Rent-a-car, una compañía de Hartford (Connecticut), decidió usarlo para multar a sus clientes. 'Sólo tratamos de evitar accidentes que nos arruinan', dijo el abogado de Acme. Ante las quejas de otras 26 personas además de Turner, el departamento de Protección al Consumidor de Connecticut ha dictaminado que Acme violó las leyes del Estado. 'Esta práctica refleja los peligros del abuso de la tecnología cuando los consumidores son víctimas de tácticas a lo Gran Hermano', dijo el fiscal del estado, Richard Blumenthal. Las empresas seguirán pudiendo controlar a sus clientes pero sin sancionarles.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2001