La Sala Contencioso-Administrativo del Supremo ha rechazado los recursos presentados por la Generalitat y la Caja de Valencia, Castellón y Alicante, resultante de la fusión, contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de 12 de enero de 1994, informa Efe. Este tribunal estimó un recurso presentado por el Ayuntamiento de Castellón y 'dejó sin efecto' la orden que autorizó la fusión entre las cajas de Castellón y Valencia. Según el fallo, la citada orden de la Consejería de Economía y Hacienda, entonces gobernada por los socialistas, debía ser anulada 'pues autorizó un proceso de fusión en el que uno de sus elementos determinantes -el acuerdo favorable de la Caja de Castellón a la integración- estaba viciado porque el mandato de sus consejeros había expirado'.
La Generalitat y Bancaixa recurrieron la resolución del tribunal valenciano. El Consell argumentó entonces que tribunal 'no tiene en cuenta que la orden de 9 de enero de 1991 había prorrogado el mandato' de los citados consejeros. Además, alegaba que 'el plazo para el ejercicio de la acción de nulidad o de anulabilidad contra una fusión caducaba a los seis meses, que ya habían transcurrido cuando se dictó la orden de Economía de 2 de octubre de 1991', y señala que 'ésta no descansa en un acuerdo que pudiera ser tachado de ilegal, pues era ya inatacable'.
La entidad resultante de la fusión, denominada Caja de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaixa) esgrimio, por su parte, que 'el acuerdo de fusión no fue objeto de impugnación en su sede natural, que es la jurisdicción civil, frente a la cual había ganado firmeza'. El Supremo ha rechaza todos los recursos porque establece que no puede pronunciarse sobre cuestiones nuevas que no haya analizado el tribunal que resolvió el asunto, como son las expuestas en los escritos de los recurrentes.
La Consejería de Economía, ahora dirigida por Vicente Rambla, del PP, puso ayer el fallo del Supremo como ejemplo de la política de intromisión ejercida entonces por el Gobierno socialista en las cajas de ahorros. 'Afortunadamente', explicó anoche Rambla en una nota oficial, 'la politización de la fusión [de Bancaixa] no supondrá la anulación de la fusión por la responsabilidad del PP, que no pedirá la ejecución de la sentencia del Supremo para no continuar la actitud de injerencia, y así permitir que la actividad de la caja continúe sin dificultades'. Según este departamento, retrotraer el proceso al momento mismo de la fusión, hace 10 años, sería un proceso complejo.
El Supremo se pronuncia acerca de la fusión después de que las partes en conflicto llegaran a un acuerdo amistoso por el que se retiraban los recursos presentados contra la operación de integración de las cajas valencianas. Este pacto se formalizó después de que Bancaixa cediera al Ayuntamiento de Castellón, entonces gobernado por el popular José Luis Gimeno, unos terrenos, valorados en 200 millones de pesetas, para uso deportivo a cambio de no solicitar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la que se anulaban las órdenes de fusión.
Los recursos presentados entonces por la Generalitat y Bancaixa siguieron, sin embargo, su camino y llegaron al Tribunal Supremo.
El secretario de Economía del PSPV-PSOE, Ricard Torres, replicó ayer a Rambla y le recordó que el PP no está legitimado para pedir o dejar de pedir la ejecución de la sentencia del Supremo. 'Vuelve a desvirtuar los hechos por motivos de rentabilidad política, dado que el Ayuntamiento de Castellón ya recibió una compensación a cambio de paralizar el proceso judicial', agregó Torres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de julio de 2001