Pocas horas después de que el Boletín Oficial del Estado publicase el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el Consejo de Ministros anunciaba ayer su decisión de interponer recurso de inconstitucionalidad contra una disposición de la Ley de Aguas de Aragón aprobada el 17 de mayo pasado. Dentro de dos meses el Ejecutivo aragonés recorrerá un camino paralelo al presentar un recurso contra el PHN ante el Constitucional.
La ley aragonesa fue aprobada en la Asamblea regional con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que consideraba algunas de sus disposiciones contrarias a las competencias del Estado.
En su desarrollo dispone que corresponde a la comunidad autónoma la 'elaboración, ejecucion y explotación de los proyectos de restitución territorial de las obras hidráulicas delegadas por el Estado'. Y aquellas que no delegue, agrega, se someterán a consulta de Aragón 'para fijar los criterios' de restitución territorial. También se arroga 'la intervención en la tramitación de las concesiones (en lo que sea competente) y la emisión de informe previo en la compraventa de agua. En otro apartado pide al Estado un 'programa de actuaciones compensatorias en beneficio de los municipios y comarcas que hayan padecido los impactos negativos de la política hidráulica' y que 'se garantice una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de Aragón'.
La región ocupa el 49% de la cuenca del Ebro, que cuenta con unos recursos anuales de 14.364 hectómetros cúbicos, de los que 1.050 se trasvasarían al litoral mediterráneo, según el PHN. En relación a este plan y otros con incidencia en Aragón, la ley regional dice que 'deberán someterse con carácter previo a su aprobación e informe preceptivo del Instituto del Agua de Aragón', trámite que deberá cumplirse en cuatro meses.
Para el Gobierno central estas disposiciones exceden el ámbito de competencias de Aragón pues la planificación hidrológica corresponde en exclusiva al Estado. El consejero aragonés de Medio Ambiente, Víctor Longas, calificó ayer el recurso de 'mordaza al pueblo de Aragón'. Un equipo técnico y otro jurídico preparan por encargo del Ejecutivo de Aragón su recurso contra el PHN.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de julio de 2001