La documentación exigida por el Gobierno regional son fotocopias compulsadas de los certificados de los años de prisión que pasaron los ex presos antifranquistas y otros documentos necesarios para ser considerados beneficiarios. La orden viene a cumplir con un dictamen de la Asamblea de Madrid que acordó en 1999 conceder una indemnización a los ex presos políticos como consecuencia de los supuestos de la Ley de Amnistía de 1977. La dotación presupuestaria fue de 50 millones de pesetas, que fueron ampliados posteriormente con otros 50 millones.
Izquierda Unida, con los apoyos del PSOE, presentó una iniciativa el pasado 24 de mayo pidiendo que la indemnización fuera como mínimo de 750.000 pesetas y máxima de un millón. El PP rechazó la iniciativa.
Fernando Marín, de IU, calificó ayer de 'desvergüenza personal del presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón'. Marín destacó que 'el padre del jefe del Ejecutivo había sufrido las cárceles franquistas'. El diputado de IU anunció que su grupo seguirá insistiendo para impedir lo que calificó de 'una burla a la memoria histórica de este país'. 'En Cataluña, los ex presos del franquismo están cobrando indemnizaciones de entre 500.000 y un millón de pesetas. La Generalitat concede ayudas a partir de un mes de cárcel y no exige documentos tan difíciles de conseguir como el certificado judicial de aplicación de la Ley de Amnistía', añadió.
En parecidos términos se pronunció el diputado socialista Antonio Chazarra: 'Es preciso reconocer el sufrimiento de estas personas que, incluso después de salir de la cárcel, pagaron muchas veces con la marginación haber sido antifranquistas'. Familiares de ex presos han mostrado su decepción por la cuantía de las indemnizaciones y subrayaron que algunos de los beneficiarios se encontraban en situaciones de 'precariedad económica'.
Los más de 1.000 antiguos reclusos que han quedado fuera no han podido conseguir los certificados de prisiones o de las resoluciones judiciales correspondientes. Marín lamentó que 'se exijan requisitos y papeleos que a muchos ancianos les es imposible obtener, bien porque se sienten incapaces de ir a buscar sus expedientes o por las trabas administrativas con que se tropiezan'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de julio de 2001