Ampliar la oferta de suelo, impulsar la iniciativa privada y propiciar planes urbanísticos 'flexibles' son algunos de los objetivos que persigue la proposición de ley del Suelo que presentará el PP en el Parlamento autonómico. La presidenta regional del PP, Teófila Martínez, aseguró ayer que su partido se ha decidido a presentar esta iniciativa ante el retraso del proyecto del Gobierno autonómico, aunque le auguró poco futuro a su propuesta, que consta de 221 artículos.
La dirigente del PP afirmó que su formación ha elaborado esta ley en colaboración con expertos y la definió como un instrumento 'eficaz y moderno'. En este sentido, contrapuso su propuesta con el proyecto del Ejecutivo andaluz, que, en su opinión, 'consagra el intervencionismo de la Junta'.
La iniciativa de los populares aboga por aumentar la oferta del suelo, circunstancia que, según dijo Martínez, implicará un abaratamiento de la vivienda. El PP considera también prioritario alentar la iniciativa privada y permitir que los planes generales de ordenación urbana sean más 'flexibles', frente a las 'restricciones' actuales. 'Es recomendable no revisar los planes urbanísticos, pero los PGOU deben ser flexibles y que todo el mundo pueda proponer desarrollos ordenados y transparentes con los ayuntamientos', señaló Teófila Martínez.
La presidenta regional del PP destacó que su texto propone que el 30% del suelo de propiedad municipal se destine a viviendas de protección oficial (VPO), ya sea a través de promociones públicas o privadas. El suelo municipal restante, según Martínez, debe enajenarse mediante concursos y no por subastas, fórmula ésta que encarece el precio de las viviendas.
La propuesta del PP establece que los pequeños municipios no tengan que cumplir tantos trámites para elaborar sus planes urbanísticos y hace una distinción con los planeamientos de las zonas turísticas del litoral, aunque este extremo lo dejarían los populares para un posterior desarrollo reglamentario.
Martínez abogó también por que a medida que los ayuntamientos resuelvan sus problemas de financiación, las empresas puedan reducir la cesión de suelo del 10% que tienen que hacer a los ayuntamientos.
La iniciativa presentada por la presidenta del PP, que acusó al Gobierno autonómico de ser el 'único responsable' de la 'especulación urbanística' en Andalucía, no prevé la intervención de la Junta en el caso de irregularidades cometidas por los ayuntamientos. Martínez dijo que en estos casos está la vía de los tribunales. Por contra, el proyecto de la Consejería de Obras Públicas permitirá a la Junta paralizar obras ilegales si existe 'inactividad municipal'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de julio de 2001