Los enfrentamientos en Gràcia se produjeron cuando los okupas lanzaron todo tipo de objetos a los agentes desde la Kasa de la Muntanya, después de que otro inmueble vecino hubiera sido desalojado pacíficamente. La policía detuvo a 14 okupas, lo que provocó que se viviera en el barrio una batalla campal. Unos 50 jóvenes quemaron contenedores de basura, paralizaron un autobús en la calzada y arrojaron decenas de botellas de vidrio a la policía. Otras cinco personas fueron detenidas.
El presidente de la Generalitat cree que 'los okupas tienen derecho a que la gente los considere, a ser tratados con justicia, pero la policía también tiene estos derechos'. Pujol advirtió que estos hechos implican que 'algunos lugares, como Barcelona, empiecen a tener fama en todo el mundo por su inseguridad', si bien matizó que con sus palabras no quería criticar al Ayuntamiento de la ciudad.
Hacía tiempo que Pujol no defendía con tanto énfasis una actuación del Cuerpo Nacional de Policía generadora de polémica. El pasado mes de junio, por ejemplo, a propósito de la carga tras la manifestación antiglobalización, el presidente de la Generalitat afirmó que pudieron producirse 'errores técnicos' por parte de los agentes. Otra carga policial que resultó polémica se produjo en la Universidad Autónoma de Barcelona con motivo de la visita del presidente del Gobierno, José María Aznar. Pujol dijo entonces que, aunque hubiera habido provocación, 'los policías deben aguantar porque es su oficio'. Por el contrario, defendió con ahínco a la policía en 1996, tras el espectacular desalojo del cine Princesa. Pujol dijo entonces: 'Ser progresista no significa hacer un elogio del desorden y el caos, y ponerse la ley por montera'.
Por el contrario, el presidente del PSC, Pasqual Maragall, afirmó ayer que no comparte las tesis de la Delegación del Gobierno en Cataluña sobre la vinculación existente entre los movimientos okupas y la kale borroka.
No hay riesgo de fuga
Los 19 detenidos quedaron en libertad con cargos en la madrugada del jueves. La fiscalía solicitó prisión para todos por desórdenes públicos, atentado a la autoridad, daños y lesiones, pero la magistrada Remei Bona rechazó la petición al considerar que no huirán, que tienen domicilio conocido y que no obstaculizarán la acción de la justicia.
Esta misma magistrada acordó hace casi tres años la prisión para una veintena de jóvenes que causaron graves destrozos en el barrio de Sants de Barcelona tras una manifestación antifascista.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de julio de 2001