El depósito de lindane del aeropuerto fue la primera infraestructura importante acometida por el Gobierno vasco para neutralizar el problema causado por este pesticida tóxico, que ha contaminado cerca de medio millón de metros cúbicos de suelo en Euskadi, casi todos en el área metropolitana de Bilbao. Sus obras se iniciaron en 1997 y concluyeron en abril de 1998, en medio de una gran polémica sobre las medidas de seguridad. Ese año la plataforma ecologista Lur Maitea planteó una queja ante la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que tras dos años de investigaciones vio ilegalidades en la construcción y el pasado verano abrió un proceso de infracción.
El pasado miércoles, en la reunión en la que se trataron las denuncias existentes en toda Europa, la CE volvió a estimar que incumple la normativa europea y adoptó el siguiente paso: el envío del dictamen motivado, lo que significa que es una infracción contrastada, según confirmaron fuentes comunitarias y del Gobierno vasco. Bruselas mantiene las argumentaciones que le llevaron hace año a abrir el procedimiento de infracción: la falta de la declaración de impacto ambiental, un requisito que si se ha realizado en el depósito de lindane de Barakaldo, una infraestructura de similares características actualmente en fase de recogida de los suelos contaminados.
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Medidas similares En el dictamen motivado, la CE argumenta que el depósito se inscribe dentro de las instalaciones de residuos tóxicos y peligrosos mediante incineración, tratamiento químico o almacenamiento bajo tierra, las cuales están obligadas a disponer de una evaluación de impacto antes del inicio de las obras. Admite que las medidas adoptadas para acometer los trabajos son similares a las que se contienen en estas declaraciones de impacto pero entiende que la elaboración de este estudio, antes de acometer un proyecto de estas características, garantiza la legalidad del procedimiento.
La decisión de Bruselas concede un plazo de dos meses a España -a quien se dirige siempre la CE, aunque el caso compete al Gobierno vasco- para que presente nuevas alegaciones. Este periodo suele ser generalmente superior, puesto que se inicia cuando se recibe la comunicación oficial y suele haber flexibilidad por parte de las autoridades europeas. Con o sin respuesta, la Comisión Europea decidirá si el caso se traslada o no al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conocido como el Tribunal de Luxemburgo.
En este expediente, una hipotética condena no supondría efectos prácticos, según los medios consultados, puesto que al tratarse de un aspecto formal -falta de un requisito antes de iniciar las obras- no existe posibilidad de reparación posterior. La CE ya llevó un caso similar ocurrido en Alemania al Tribunal de Luxemburgo y fue rechazado, aunque en este expediente las obras se habían iniciado antes de que se hubiera traspuesto la directiva sobre las declaraciones de impacto ambiental.
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco no quiso ayer realizar ninguna valoración sobre la decisión de Bruselas, dado que 'oficialmente no nos ha llegado la comunicación', afirmó un portavoz oficial. Añadió que 'cuando nos llegue el dictamen motivado se preparará la información necesaria para argumentar nuestra posición'.
El depósito de lindane del aeropuerto -que almacena bajo el suelo, en la cabecera de la pista principal, 113.000 metros cúbicos de tierras contaminadas con lindane aisladas del exterior con varias capas de tierra y un sistema de drenaje- es la única de las tres principales infraestructuras acometidas que no cuenta con ayudas europeas. Su coste fue de 1.193 millones y los ecologistas aseguran que en principio se pidió subvención a la UE pero que se retiró cuando presentaron su queja ante Bruselas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de julio de 2001