La Unió ha decidido llevar a la Comisión Europea ante al Tribunal de Luxemburgo por lo que consideran una negligencia en la adopción de las medidas necesarias para atajar y evitar la expansión del llamado mal de las vacas locas. El secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Joan Brusca, anunció ayer esta medida, con la que se pretende buscar la compensación económica a las pérdidas sufridas por los ganaderos que, en el caso de la Comunidad Valenciana, se han cifrado en 800 millones de pesetas.
La Unió y otras organizaciones de Coag decidieron encargar un dictamen al despacho de abogados Roca Junyent del que se desprende la posibilidad de llevar a la Comisión Europea ante el tribunal internacional. Según el informe, existe base jurídica para reclamar responsabilidades a la UE por tres motivos: hay un daño real, un acto ilícito imputable a las instituciones comunitarias y una relación de causalidad entre dicho acto y el daño.
Brusca se refirió especialmente a la orden de 1998 en la que se revocaba la prohibición de envío de ganado y carne de vacuno o derivados desde el Reino Unido, país en el que, en 1985, se detectaron los primeros síntomas de encelopatía espongiforme. Según Brusca, la Comisión trató de practicar 'una política de minimización del problema' entre 1990 y 1994.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de julio de 2001