La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental acordó ayer remitir a la Fiscalía Anticorrupción el informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, que detectó 'graves irregularidades contables' durante la etapa de Jesús Gil al frente del organismo en los años 1997 y 1998. La fiscalización sacó a la luz numerosas 'deficiencias' producidas en la contratación de la planta desaladora, cuyo coste -más de 11.000 millones de pesetas- aún no ha sido abonado.
El ente supramunicipal pedirá que se investigue dónde se encuentran los 150 millones de pesetas que la concesionaria de la desaladora pagó a la empresa municipal marbellí Planeamiento 2.000 por la expropiación de los terrenos en los que está ubicada la planta, parcelas que Gil escrituró a nombre de Marbella 'de forma ilegal', según Manuel Sánchez Bracho, presidente de la institución. Bracho aseguró, además, que esta cantidad nunca llegó a ingresarse en las arcas de la Mancomunidad.
Otro asunto sobre el que los responsables del organismo esperan que Anticorrupción se pronuncie es la valoración que la Cámara hace de la adjudicación facultativa de la obra de la desaladora. De acuerdo con la auditoría 'no consta la existencia de dirección de obra en la fase de mayor relevancia económica (febrero a agosto de 1996) y, tres días después del nombramiento de los directores de obra, se presentó la primera certificación por importe de 5.426,9 millones de pesetas'.
La Mancomunidad aprobó también dar un plazo de cuatro días a la concesionaria del servicio de agua de Marbella, Aquagest, para que abone los más de 800 millones de pesetas que adeuda al organismo en concepto de saneamiento integral. En caso contrario, denunciarán por apropiación indebida a la empresa, que ya ha cobrado a los vecinos de Marbella por este servicio. Aquagest, que debe más de 1.500 millones de pesetas al ente supramunicipal, anunció el pasado martes su disposición a liquidar la deuda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de julio de 2001