El teléfono del consumidor era gestionado hasta ahora por el Departamento de Comercio, Industria y Turismo y funcionaba desde 1991. Este servicio nació como gratuito, a través de un número 900, pero a mediados de 1996 pasó a ser de los llamados teléfonos de tarifa compartida. El 'peligro de colapso' ha sido la razón por la que la Generalitat ha decidido externalizar el servicio en favor de la empresa de telemárketing TGT Tecnología y Gestión Telefónica.
El cambio implica que los usuarios -42.561 el año pasado- pagarán 91,2 pesetas por cada tres minutos o fracción, en lugar de las actuales tarifas que son de 7,5 pesetas por conexión y 6,7 pesetas por minuto. La tarifa se eleva a 116 pesetas por cada tres minutos o fracción, si la llamada proviene de fuera del área metropolitana de Barcelona.
La técnica de externalizar teléfonos a través del 012 se ha extendido a otros teléfonos de la Generalitat, como los de Cultra, Agricultura, Ganadería y Pesca o los que informan del estado de las carreteras, según CC OO.
El sindicato afirma que como el servicio estará atendido por personal ajeno a la Administración 'los usuarios serán atendidos por personal con menos experiencia'. El actual teléfono al consumidor tiene un elevado índice de satisfacción: del total de sus llamadas registradas en el año 2000, 14.320 fueron de información; 16.158 fueron de queja; y 135 de denuncia.
CC OO también critica que la externalización implica la pérdida de la garantía de protección de datos a la que está obligada la Administración Pública.
Este sindicato mantiene un contencioso administrativo con el Ayuntamiento de Barcelona por su teléfono de información 010, que también cuesta 91,2 pesetas por fracción de tres minutos.
El síndic de greuges, Anton Cañellas, terció en la polémica sobre las tarifas de los teléfonos de información al ciudadano y estableció que las administraciones debían publicar las tarifas a las que se sometían estas llamadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de julio de 2001