El PSOE lanzó ayer dos graves acusaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el escándalo por la desaparición de hasta 20.000 millones de Gescartera, la agencia de valores presidida por Pilar Giménez-Reya, hermana del dimitido secretario de Estado de Hacienda. El diputado socialista Antonio Cuevas aseguró que la CNMV proporcionó a Gescartera la "apariencia de honorabilidad" que necesitaba para llevar adelante sus fraudes. Cuevas hizo esta acusación tras revelar Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, que este organismo aprobó el mismo día (13 de julio de 2000) y en la misma reunión una sanción a Gescartera que fue sólo grave cuando inicialmente se estudió que fuera muy grave y el ascenso de esa sociedad de cartera a agencia de valores. Pilar Valiente, que preside la CNMV desde el 18 de octubre de 2000, intentó remarcar que desde que ocupó ese cargo dio instrucciones para intensificar los controles que son responsabilidad del organismo.
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En su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Valiente aseguró ayer que esta coincidencia en la toma de decisiones relativas a Gescartera puede parecer "contradictoria" o "resultar chocante". Pero el PSOE la calificó de "inaudita, de extrema gravedad, arbitraria y rayana en la prevaricación". La otra acusación del PSOE, y también de IU, tomó forma de una recomendación a Valiente: le dijeron que si quiere encontrar el dinero volatilizado "empiece por la propia Comisión", en referencia a la densa red de amistades entre funcionarios actuales o antiguos de la CNMV y los responsables de Gescartera.
Tres fueron los elementos más controvertidos de la intervención de la presidenta de la CNMV para explicar su actuación en Gescartera: la coincidencia entre la sanción y el ascenso; el argumento de que el ascenso estaba garantizado por la "honorabilidad" del nuevo equipo directivo, sin tener en cuenta que la ley también exige esa misma honorabilidad para los principales accionistas, y la calificación de la sanción impuesta en 1999, que pasó de muy grave a grave. Al perder el adverbio, las sanciones perdieron también la obligación de ser publicadas y, así, los inversores no supieron nada de lo que ocurría en Gescartera.
"Se pasó de una sanción muy grave a una grave porque no se quería sancionar y se aprobó la transformación en agencia porque la decisión política fue poner tibias sanciones con la promesa de colaborar con la justicia". Ésta fue la conclusión de Francisco Frutos, de IU. El diputado socialista Antonio Cuevas dijo estar convencido de que "se rebajó la sanción para no darle publicidad".
La presidenta de la Comisión de Valores argumentó que el mismo día de la sanción se aprobó la transformación porque se trataba de un nuevo proyecto empresarial en el que iba a entrar una firma "de la solvencia y prestigio de la Fundación ONCE". Añadió que, pese a la sanción grave impuesta a Gescartera, de aquella investigación "no se desprendía la existencia de un descuadre patrimonial". Y subrayó, como ventaja de la transformación en agencia de valores, que así se podría vigilar mejor a Gescartera. Aún más, que dio "instrucciones precisas para realizar un seguimiento cuidadoso" de la nueva agencia de valores.
Para el PSOE, sin embargo, la CNMV no hace nada hasta que el "14 de junio se cae del caballo y ve que hay un pufo de cuidado". El diputado Cuevas se preguntó cómo la CNMV pudo dar por bueno el requisito de honorabilidad de los máximos responsables de Gescartera si, en un primer momento, había una propuesta de sanción para su presidenta, Pilar Giménez-Reyna. Y en el mismo consejo de la CNMV en el que se adopta la doble decisión, se exculpa a Giménez-Reyna, y se da el visto bueno para que asuma como presidenta honorable. Aún más, apuntó que la ley también exige la misma honorabilidad para los accionistas que controlan, como en este caso Antonio Camacho, la empresa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de agosto de 2001