La Delegación de Medio Ambiente en Cádiz criticó ayer al Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), gobernado por Juan Andrés Gil, tránsfuga de IU, con el apoyo de independientes y del PP, por no facilitar información sobre la construcción de un centro comercial en la urbanización de Atalantara que, según denunció Ecologistas en Acción, es ilegal.
La Junta anunció ayer que realizará inspecciones y revisará si el proyecto incumple las normas. La Delegación de Medio Ambiente anunció que abrirá un expediente sancionador si se demuestra la ilegalidad del proyecto y promoverá la paralización cautelar de la obra.
En un comunicado, la Junta advirtió sobre la 'alarma social' que puede producir la pasividad de las administraciones ante denuncias urbanísticas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de agosto de 2001