PSOE e IU reclamaron ayer al presidente del Gobierno, José María Aznar, que deje actuar a la Justicia en el caso Formentera, que investiga la supuesta compra de votos de emigrantes para el PP en las elecciones de Baleares de 1999, cuando el partido estaba allí encabezado por el ahora ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, quien además presidía el Gobierno regional.
El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, acusó a Aznar de 'poner obstáculos y entorpecer' el trabajo de la Justicia, en lugar de permitir que 'se tramiten con diligencia las pruebas existentes'. Caldera ironizó sobre la 'oferta de regeneración democrática' que hacía Aznar cuando estaba en la oposición y la comparó con su 'utilización' ahora de la Fiscalía General del Estado, que dirige Jesús Cardenal, para entorpecer cualquier investigación judicial.
IU considera que el anuncio del fiscal de Baleares, Antonio Vicente de Tutor, de que solicitará que se impute en el caso al coordinador del PP en Baleares, Juan José Cardona, 'ratifica la responsabilidad política de Matas en este escándalo', y pide su relevo. Además, exige al fiscal general que no actúe otra vez de 'ángel de la guarda' del Gobierno.
Caldera ironizó sobre la fórmula que cree que utiliza el PP para responder a los escándalos que llegan a la Justicia y que no son de su agrado: 'relevar' al fiscal encargado del caso. Así, Caldera reclamó a Aznar que le pida a Cardenal que permita al fiscal de Baleares seguir con su investigación y no le releve, como amenaza con hacer con el fiscal del caso Ercros, Bartolomé Vargas: '¡Que nos vamos a quedar sin fiscales!', ironizó.
El PSOE considera que el caso Formentera es un 'escándalo político de extrema gravedad' en el que ve implicado a Matas. 'Si se llega a confirmar que el PP compró con dinero público la voluntad de los ciudadanos, que es lo que apuntan todas las investigaciones, estaríamos ante un atentado contra la democracia de extraordinarias consecuencias políticas', aseguró Caldera. Y para dilucidar si es o no así, la oposición pide al Gobierno que no obstaculice la investigación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de agosto de 2001