La comisión parlamentaria encargada de investigar la violencia en torno a la cumbre del G-8, celebrada en Génova, comenzó ayer con un intenso cruce de acusaciones entre políticos. La comisión, integrada por un total de 36 senadores y diputados, deberá redactar un informe final sobre la violencia y los destrozos causados por los manifestantes antiglobalización, la represión de las fuerzas del orden y los excesos de algunos agentes. Las investigaciones seguirán hasta mañana, jueves, y continuarán después del verano.
Ayer fue oído el alcalde de Génova, Giuseppe Pericu, que declaró que 'la responsabilidad es exclusivamente del Gobierno de Berlusconi' y que 'la ciudad portuaria se siente humillada por los daños que sufrimos, sobre todo morales, por la violencia vivida y por la muerte de un joven'. El alcalde genovés explicó que los lugares dañados por el Bloque Negro (grupo antiglobalización acusado de cometer actos violentos) fueron escogidos: filiales bancarias, concesionarias de automóviles, distribuidores de gasolina. Los pocos negocios abiertos y los medios de transporte municipales no fueron tocados. Pericu añadió que 'tuvimos la sensación que la policía estaba concentrada en la zona roja [donde se reunían los jefes de Estado] y que el resto de la ciudad estaba desprotegida'. También fueron oídos el presidente de la Provincia de Génova y de la Región de Liguria. Hoy serán escuchados los altos mandos de la policía.
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Las primeras divergencias surgieron cuando la oposición pidió que el viceprimer ministro, Gianfranco Fini, presente en Génova durante la cumbre, explique qué hacía en dicha ciudad y que sea oído también el ministro de Justicia, Roberto Caselli.
Entretanto crece la preocupación por la reunión de ministros de la OTAN que se celebrará a fines de septiembre en Nápoles. Refundación Comunista y los Verdes piden que la reunión se celebre en otro lugar. El portavoz de la Red No Global de Nápoles, Francesco Caruso, va más allá y asegura que su movimiento piensa organizar protestas pero solamente estarán armados 'con palabras, contenidos y reivindicaciones'. Por otro lado, el presidente austriaco, Thomas Klestil, se dirigió al presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi, pidiendo la excarcelación de los 16 miembros de un grupo teatral, que continúan detenidos.
Manifestantes españoles
Los manifestantes españoles detenidos en Génova han decidido ponerse en manos de los abogados del Foro Legal de Génova (FLG), asociación de unos 200 juristas que presta asistencia gratuita a los afectados por la violencia policial de Génova. Como primera medida enviaron ayer a los abogados italianos los 14 testimonios de los detenidos y sus correspondientes partes médicos.
El FLG presentará denuncias contra la policía italiana y recurrirá las acusaciones por las que los manifestantes fueron detenidos. En palabras de Adolfo Sesma, un joven zaragozano detenido en el centro de Bolzaneto: 'Intentaremos que nos dejen como estábamos antes de llegar a Génova'. Los abogados italianos también piensan recurrir las órdenes de deportación y la prohibición que se les impuso a los detenidos de pisar suelo italiano durante cinco años, lo que, a juicio de los abogados, constituye una violación del Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos europeos por territorio comunitario.
Los detenidos españoles, asesorados por varios profesores de la Facultad de Derecho, están también estudiando la posibilidad de presentar una demanda por genocidio ante la Audiencia Nacional, que comprendería los encarcelamientos injustificados, las torturas y las vejaciones que aseguran haber sufrido en prisión. Adicionalmente, comparecerán ante el Parlamento Europeo y las Cortes aragonesas para dar testimonio de lo ocurrido en Génova.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de agosto de 2001