Los socialistas de Sevilla la Nueva han analizado las ocho últimas actuaciones urbanísticas aprobadas en el municipio por el anterior equipo del gobierno, del PP, y ha descubierto irregularidades 'graves' en siete de ellas. Así lo denunció ayer, en un informe, la portavoz socialista local, Pilar Barroso, que lo ha remitido a la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, así como al departamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad. Los socialistas exigen, entre otras cosas, la paralización de las obras de construcción de 62 chalés por ser 'ilegales'.
'El PP ha permitido que se construyan chalés en zonas verdes, que se inicien promociones urbanísticas sin licencia, el vertido de miles de metros cúbicos de tierra y escombros en zonas verdes, la construcción de 275 viviendas más de las permitidas por la normativa vigente, la sustitución de viviendas públicas por otras de precio libre y el incremento de la edificabilidad por encima de la permitida en el planeamiento', asegura Barroso.
Los socialistas afirman que en una de las actuaciones el PP ha permitido la construcción de 62 viviendas unifamiliares 'ilegales' porque no respeta el tamaño mínimo de las parcelas. Cada uno de los chalés se construye en terrenos de 132 metros cuadrados cuando deberían ser de 175. Con esta medida, el PP ha favorecido a los promotores inmobiliarios y ha perjudicado a los vecinos, que ahora viven apiñados', añadió. La edil socialista pide la paralización de las obras.
Según el PSOE, 'el PP ha hecho la vista gorda' en la actuación urbanística denominada Los Rosales: 'El PP ha permitido la construcción de 94 viviendas donde sólo se podían levantar 50', afirma Barroso. 'En un terreno aledaño se van a construir otras 22 nuevas viviendas, con lo que la saturación de la zona es brutal', asegura.
Zona verde
Los socialistas proponen que no se ejecute la construcción de esas nuevas casas y que la parcela se recalifique como zona verde para evitar una mayor aglomeración de vecinos y, al mismo tiempo, se dote a los que ya viven ahí de un terreno público de uso y disfrute. Además, piden que la constructora, que se benefició del incremento en el número de las viviendas, pague la obra del jardín público.
En el complejo El Rosalar, han sido construidas 43 viviendas cuando el máximo eran 13. Además, hay edificios de cuatro alturas, lo que supera lo establecido por la normativa.
El PSOE pide al Gobierno regional que tome cartas en el asunto para restituir la legalidad urbanística y sancione al anterior alcalde, Ángel Batanero, del PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de agosto de 2001