El asunto Gescartera se ha convertido ya en el tema del verano. Y amenaza con seguir acompañándonos a medida que se vaya conociendo el nombre de personas o instituciones implicadas y se diluciden las diferentes responsabilidades. Porque no estamos ante un mero montaje urdido por ingeniosos pícaros para enriquecerse; ni tampoco ante otra variedad más de la pirámide con la que hace ya muchos años doña Branca consiguiera estafar, con toda su buena fe, a varios millares de honestos ahorradores portugueses. Lo que hace que no podamos apartar la mirada de este asunto es que tiene algún tipo de conexión con los poderes públicos. Es todavía difícil establecer cuál es exactamente la naturaleza de dicho vínculo, y en esto hay que proceder siempre con suma cautela. Pero hay bastantes indicios que nos obligan a bajar la lupa para contemplarlo muy de cerca.
De entrada sorprende la naturaleza de la clientela, sobre todo de la institucional: sectores del Ejército, de la Iglesia, colegios de huérfanos de la Guardia Civil... Es como si todas las fuerzas de la Tradición -y espero que no acabe apareciendo también la Casa Real- se hubieran puesto de acuerdo en compartir gestores de fondos. La forma de proceder de dichos gestores es también, lamentablemente, bastante 'tradicional': se valen de la presencia en la sociedad de personas relacionadas con los poderes públicos para atraer a ese tipo de clientela -y supongo que también a cualquier otra- y dotar así de un plus de seguridad y honorabilidad a sus actividades. Mediante la puesta en práctica, además, de algo tan evidente para una mentalidad conservadora como es la siempre infalible influencia familiar. Puede que ésta sea la forma más espuria de instrumentalizar lo público para satisfacer fines privados: cuando lo público no tiene por qué intervenir siquiera y sirve de mera sombra protectora, de trasfondo legitimador simbólico, de los hábiles manejos de unos cuantos espabilados.
Muchos han podido quedarse en el aspecto berlanguiano de este affaire. Es difícil, en efecto, no imaginar una supuesta reunión de protesta de los afectados, con sotanas, tricornios, uniformes y galones, invidentes, monjitas y folclóricos. El maestro Berlanga tendría aquí un magnífico guión, cuyo tema central sería la adaptación de lo más rancio de nuestro mundo tradicional a las necesidades de la nueva sociedad financiera. Con la presencia estelar quizá de antiguas estrellas de la canción melódica metidas a brokers o las deliciosas actitudes de parvenue de un personaje como Camacho. Desde una perspectiva política el tema no tiene, sin embargo, la más mínima gracia. Como ha venido ocurriendo en otros precedentes de esta especie de 'tutela pública' de abusos económicos privados, la mayor dificultad estriba en exigir responsabilidades a los cargos o instituciones públicos. Un ejemplo de ello ha sido la surreal comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya intervención, entre cínica e ingenua, no ha hecho más que conseguir desconcertarnos a todos. Y ha puesto de manifiesto también hasta qué punto Gescartera parecía estar blindada frente a una acción eficaz de dicha institución fiscalizadora.
Las 'razones' aportadas por la señora Valiente entran ya dentro del más puro estilo del realismo mágico. ¿Cómo hay que entender eso de que una 'promoción' -de sociedad de cartera a agencia de valores- sea en realidad una 'fiscalización'? Según la presidenta, ello permitía 'mejorar el control' , que a partir de ese momento pasaba a ser mensual. Pero, por otro lado, mediante ese mismo acto se le facultaba a Gescartera para actuar más libremente en nuevas actividades. A pesar de que la ley lo permite, ¿tiene sentido eso de no dar publicidad a las sanciones para 'no crear inseguridad'? ¿A quién se supone que hay que proteger con dichas sanciones, al sancionado o a los potenciales perjudicados por su actividad? Ahora resulta también que la Fundación ONCE, que -a decir de la CNMV- aportaba la 'solvencia y el prestigio' a Gescartera, se hizo con el 10% de esta sociedad ¡sin desembolsar una sola peseta! ¿Era conocida por la Comisión esta estrategia de prestigiarse a través del recurso a una organización conocida? ¿No constituye esto acaso una de las prácticas más habituales de este tipo de sociedades para escapar a la vigilancia de los órganos fiscalizadores? Si esto es así, debería haber sido el objeto de una inspección mucho más cautelosa. Y lo que sí raya el absurdo es que se pueda dudar de la vulneración del principio de incompatibilidades por la actuación de Luis Ramallo, uno de los defensores de la conversión de Gescartera a agencia de valores y uno de los que en su día se opusieran a dar publicidad a las sanciones.
La dimensión más 'mágica' de toda esta historia reside ya en la 'evaporación' de unos 18.000 millones, cantidad que parece crecer día a día, y en la supuesta capacidad de esta sociedad para 'gestionar' un casi ilimitado montante -¿20.000 millones?- de dinero negro. ¿Es posible hacer todo esto sin contar con algún tipo de apoyo por parte de personas ligadas a las administraciones públicas? Si la respuesta fuera afirmativa, no creo que eso deje tampoco en muy buen lugar a nuestras autoridades.
Sea como fuere, y esto es el aspecto más positivo de este escándalo, lo que no debe permanecer en la sombra es el papel jugado por quienes comenzaron a tirar de la manta en cuanto tuvieron las primeras sospechas de irregularidades. Como también ocurriera en el caso Banesto, desvelado en gran medida por la tozudez de los peritos del Banco de España, en este asunto parecen haber tenido también un protagonismo decisivo determinados servidores públicos, que no cejaron en emprender su 'control técnico' específico, y desde dentro de la misma CNMV. Gracias a esta callada labor, que sirve para reconciliarnos con el Estado de derecho, todos conocemos cuáles eran las prácticas fraudulentas de Gescartera. Sin ellos es posible que Camacho aún estuviera vestido de Armani. Ahora nos queda por saber hasta dónde alcanzan las responsabilidades políticas. Y a estos efectos sólo cabe una comisión de investigación parlamentaria.
Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política de la UAM.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de agosto de 2001