Las sospechas de la CNMV coinciden con los datos que manejan fuentes próximas a la investigación del caso y que apuntan a que Gescartera puso en marcha, desde hace al menos tres años, una red de captación de datos de personas reales, insolventes en muchos casos, que habrían accedido a prestar sus datos a cambio de pequeñas cantidades de dinero.
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Según fuentes de la CNMV, la utilización de inversores ficticios se sumaría a otras "operativas subterráneas" de la agencia de valores destinadas a ocultar datos a la Agencia Tributaria. De esta forma, el caso del cura rural de Castillo de Garcimuñoz, Teodoro Bonilla, al que presuntamente Gescartera endosó sin su conocimiento unas pérdidas de 2.000 millones de pesetas sólo sería la punta del iceberg de una actividad irregular continuada. Parte de las plusvalías generadas por las inversiones de Gescartera, según informaciones de Radio Intereconomía, se transferían a la cuenta corriente de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de las islas Jersey.
"Normalmente, la utilización de inversores ficticios sólo se descubre cuando algún afectado efectúa una denuncia", aseguran fuentes de la CNMV. "En este caso aún no habido denuncias, pero existen ciertas sospechas de que pudo haber este tipo de operaciones". Desde el organismo que preside Pilar Valiente se recuerda en este sentido que en otros casos sonados, como la privatización de la petrolera Repsol en el año 1989, fueron personas cuyos datos fueron utilizados sin su conocimiento las que denunciaron y permitieron sancionar. Por las irregularidades detectadas en la privatización de Repsol dos directivos de la sociedad de valores Drexel Burham Lambert fueron condenados a dos años y cuatro meses de prisión, rebajados posteriormente a cuatro meses.
"Transparencia"
A medida que crece el escándalo en torno a la sociedad de valores, se endurece también el cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aplicó ayer al pie de la letra el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque y, además de señalar que la "transparencia" en el caso Gescartera está garantizada, recomendó al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que cuide su "credibilidad democrática" y acepte comisiones de investigación en todos los casos.
Rato apoyaba así al PP de Andalucía, que exige al presidente de la Junta, Manuel Chaves, la constitución de hasta cuatro comisiones de investigación en la comunidad andaluza. Sobre esas peticiones, el secretario de Organización socialista, José Blanco, pidió a los populares que dejen de practicar la política del "y tú más" y sean respetuoso con los procesos judiciales y de fiscalización que "ya están cerrados".
Pero el ataque más duro hacia el Gobierno por el caso Gescartera partió ayer de Izquierda Unida. La dirección federal de la coalición considera que las inversiones de instituciones en Gescartera (SEPI, Iglesia, Armada, Guardia Civil, Mutua de la Policía, etcétera) apuntan a que hubo "una directriz emanada y respaldada directamente en el ámbito del Gobierno para coordinar y dirigir esas inversiones".
Según la coalición "apellidos como Rato, Montoro [Cristóbal, ministro de Hacienda], Reyna y Valiente", afirmó ayer IU, "pueden convertirse en los cuatro jinetes del apocalipsis del presidente José María Aznar".
Por otro lado, Luis Ramallo, el ex vicepresidente de la Comisión de Valores que actuó como notario para Gescartera tras dejar su cargo en la CNMV aseguró ayer que "nunca" ha buscado "un solo cliente para Antonio Camacho", informa Pilar Marcos. "Ni he intermediado en nada ni he buscado un sólo cliente para Gescartera en mi vida", declaró a este diario. Ramallo negó haber recibido dinero del dueño de Gescartera.
"Yo facturé los estrictos honorarios por mi intermediación como notario a las empresas del grupo Gescartera". Facturó "unas 400.000 pesetas por más de 20 documentos notariales" y dice que "aún" no le "han pagado todo". Ramallo mantiene que ese trabajo de notario no es incompatible con ser ex vicepresidente de la CNMV.
En su comparecencia en el Parlamento, la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, dijo que, además de la ley de incompatibilidades, "hay un código de conducta por el que las personas que trabajan en la Comisión no pueden directamente ir a entidades supervisadas", como Gescartera. Ramallo replica que él sólo actuó como notario y que no aceptó regalos de Camacho. Dice que le encargó 12 o 13 pañuelos y carteras de Hermes porque Camacho le dijo que a él le hacían descuento. Las quería para regalárselas a sus colaboradores de la CNMV. Cuando vio que no se las cobraba, le envió "un cuadro a cambio".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de agosto de 2001