Pastrana firmó la Ley de Defensa y Seguridad Nacional el pasado lunes, pero el Gobierno esperó hasta ayer para anunciarlo. La norma enfrenta al Ejecutivo y a las organizaciones que defienden los derechos humanos. Para el primero es una herramienta para enfrentar la guerra contra los grupos armados; para los segundos, algo así como patente de corso para que se oscurezca más el ya oscuro panorama de derechos humanos en este país.
Los militares siempre se han quejado de estar solos en esta guerra y exigían una legislación que no los dejara maniatados para actuar. Luego de un polémico debate, fue aprobada en el Congreso a mediados de junio. Esta semana, el presidente le dio su bendición.
Las implicaciones de esta ley las resume así la Comisión Colombiana de Juristas: "Pretende dar más poder militar sobre los civiles, estimula arbitrariedades como capturas sin orden judicial o interrogatorios de civiles en cuarteles militares, y permite más impunidad para soldados y policías que violen derechos humanos".
Para esta organización, una de las más respetadas en el campo de los derechos humanos, la ley crea la base para que se dé un proceso orientado a una dictadura militar. "Permite que el sector militar, económico y social se unan, contrario a la separación de poderes propias de una democracia".
'Teatros de operaciones'
Las alertas sonaron desde el momento en que el Congreso empezó el estudio del proyecto. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió de que varios de los artículos violan los acuerdos de derechos humanos y la carta de derechos civiles y políticos. Señaló, entre otros, el que se refiere a la facultad del presidente para crear "teatros de operaciones", encabezados por jefes militares. Allí la autoridad militar ejercerá controles sobre la población civil, y se impondrá a la de gobernadores o alcaldes.
Otro de los artículos cuestionados otorga facultades de policía judicial a miembros de las fuerzas militares, "cuando por motivos fundados un grupo especial de la Fiscalía" no pueda acompañar las operaciones de éstas. Otro es criticado por facilitar la impunidad y las violaciones de derechos humanos por acción u omisión de los miembros de las fuerzas militares. Éste reduce el término de la investigación contra los uniformados de un año a dos meses.
Desde Londres, Amnistía Internacional se unió a la protesta. La nueva ley -dicen- facilitará que los agentes de las fuerzas de seguridad y sus "aliados", los paramilitares, escapen de la persecución por violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno rechazó las acusaciones: "Todos los controles institucionales y legales a la actuación de la fuerza pública fueron respetados por dicha ley y continúan vigentes", aseguró Gustavo Bell, ministro de Defensa y vicepresidente encargado, entre otras, del manejo de la política oficial de derechos humanos. El día que fue aprobada la ley en el Congreso, Bell agradeció a los legisladores: "Es un paso importante para la transformación de las fuerzas militares", les dijo.
[El propio Bell anunció ayer que unos cien guerrilleros pueden haber muerto en los últimos días en una ofensiva del Ejército de Colombia contra las FARC en varias zonas del país, informa Efe. El ministro de Defensa explicó en la ciudad de Cartagena que los rebeldes sufrieron uno de los mayores golpes en el Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, donde las tropas gubernamentales mataron a dos cabecillas del mayor grupo guerrillero de Colombia y detuvieron a la compañera de un importante jefe insurgente.
"Esto es parte de las estrategias de las Fuerzas Armadas de perseguir a los movimientos subversivos que todavía siguen empeñados en utilizar la violencia y la fuerza para lograr trastornar el país", explicó Bell a los periodistas en la ciudad caribeña. Según las versiones preliminares, la campaña militar ha sido intensa en los departamentos del Arauca, Guainía, Vichada y Huila.]
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de agosto de 2001