Si el pasado sábado fueron 33 los detenidos para los que el juez decretó la expulsión, ayer fueron otros 19 que, además, iniciaron el viaje de regreso en un autocar de la policía hacia Murcia, según precisaron fuentes judiciales. El juez dejó en libertad a otros 14 de los 112 arrestados por diferentes motivos y a la una de la madrugada de hoy proseguía tomando declaración a cinco más.
Pero la opacidad oficial en este episodio queda reflejada en el hecho de que la plataforma de apoyo a los sin papeles ni siquiera pudo obtener una lista de los detenidos. Sólo tiene controlado a un grupo de 25 subsaharianos y magrebíes.
La CGT (Confederación General de Trabajadores), una de las organizaciones que constituyen la plataforma, denunció "malos tratos generalizados" a los retenidos. Según una abogada de éstos, al menos dos inmigrantes han sido "apaleados" por agentes de la policía.
Una de las responsables del sindicato, Paloma de Lacalle, aseguró que a los detenidos no se les había dado de comer ni de beber desde la detención del jueves pasado hasta la noche del sábado. Las supuestas trabas a las visitas de los abogados y la escasez de médicos completan las denuncias.
También informó de que al menos 14 inmigrantes llevan en huelga de hambre desde anteanoche, y que otros temen comer por si les narcotizan para ser deportados. "No sería la primera vez", afirmó en alusión a la deportación de un centenar de africanos en la anterior legislatura.
Esta denuncia caldeó aún más la polémica generada por la detención del centenar largo de inmigrantes que, tras un penoso peregrinaje por la ciudad, se encontraban acampados en la plaza de André Malraux de Barcelona.
Tras consentir el contundente desalojo por parte de la policía, el Gobierno municipal, de signo socialista, se mostró ayer favorable al "diálogo con el Gobierno y la Generalitat", así como con la plataforma de inmigrantes, para encontrar una solución al conflicto. El Ayuntamiento exigió un trato individualizado de los detenidos.
Este giro fue bien valorado por las entidades que convocaron la manifestación de ayer. Entre los asistentes, Joan Saura, presidente de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), socio del Gobierno municipal, pidió que se concrete la iniciativa del Ayuntamiento.
Por su parte, el presidente del Gobierno catalán, Jordi Pujol, admitió en una entrevista en La Vanguardia que estaba al corriente de la operación policial, que defendió como "necesaria", con el argumento de que "la situación se complicaba peligrosamente".
Salvo alguna pancarta contra el alcalde, Joan Clos, la furia de los manifestantes se centró en la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas. Pese a que la marcha, que arrancó desde la Plaza de Sant Jaume, transcurrió pacíficamente, los lemas coreados -"¡Ninguna expulsión!", "Fuera la Ley de Extranjería" y "Libertad para los detenidos"- subieron de tono cuando los manifestantes se acercaron a la sede de la Delegación del Gobierno, rodeada por 10 furgones de policía. "¡Valdecasas, expulsión; Valdecasas, dimisión!", gritaron.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de agosto de 2001