Sevilla es la provincia andaluza donde mayor número de expedientes se han incoado por incendios forestales desde que entró en vigor la tasa de extinción, el 8 de agosto de 2000, hasta el pasado 30 de junio. De los 109 siniestros incoados, que representan el 18,6% del total registrado (584), 26 corresponden a Sevilla, seguida de Málaga (24) y Córdoba (20).
Las tasas se están tramitando con especial lentitud por la complejidad a la hora de averiguar la titularidad de la propiedad forestal quemada. Lo recaudado en los últimos 11 meses apenas alcanza el millón de pesetas, incluidas las que ya están en vía de apremio. En caso de que la propiedad sea múltiple, el importe del canon se aplica a cada propietario en proporción a la superficie afectada de su titularidad.
La aplicación de la tasa era una de las novedades incluidas en la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobada por el Gobierno andaluz en julio de 1999. Los importes oscilan entre las 20.000 pesetas, que se imponen cuando son conatos (menores de una hectárea), y los dos millones de pesetas, la cantidad máxima que se establece para los siniestros que afectan a más de 1.000 hectáreas.
La legislación exime a las entidades locales del pago de la tasa y también fija bonificaciones para los dueños de zonas afectadas que estén integrados en Agrupaciones de Defensa Forestal y/o cumplan las medidas de prevención legales. Con la aplicación de la tasa, la Administración pretende recalcar ' la importancia de la prevención', dice Francisco Salas, director del Centro Operativo Regional del Infoca.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de agosto de 2001