El Estado gastó desde principios de año unos 1.300 millones de pesetas en operaciones de repatriación de los inmigrantes sin documentación detenidos tras lograr alcanzar las costas españolas. La previsión es que el coste se eleve a final de año hasta los 1.500 millones, según una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista por Cádiz Salvador de la Encina.
De las repatriaciones practicadas, el 80% corresponde a marroquíes y el resto a subsaharianos y centroamericanos.
El PSOE anunció ayer que formalizará una petición para que este dinero no sea cargado, como hasta ahora, a los presupuestos del Estado español, sino que sea financiado con fondos de la Unión Europea. De la Encina explicó que Bruselas reconoce a España como frontera sur de la UE y, por tanto, es al conjunto de países comunitarios al que corresponde hacer frente a los gastos.
El PSOE solicitará también una línea financiera para Marruecos, con fondos europeos, para las políticas de control fronterizo en el país africano.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de agosto de 2001