El Ejecutivo debate a contrarreloj la introducción de una batería de incentivos para hacer posible que la iniciativa privada se implique en el Plan de Infraestructuras 2001-2006, que prevé una inversión en la construcción de carreteras, ferrocarriles y otras obras públicas por un importe global de 19 billones de pesetas. De esa cantidad, hasta el momento sólo están asegurados los capitales que provienen de fondos públicos, ya sea de los recursos presupuestarios y sociedades estatales (un total de 10 billones de pesetas) o de los fondos europeos , que ascienden en el periodo a un total de 5,5 billones de pesetas. El objetivo del Gobierno, consciente de que la mejora de las insfraestructura es un requisito indispensable para mantener la actividad y el crecimiento de la economía, es atraer al menos 3,5 billones de inversión privada.
Y es que la Ley Marco que prometió el presidente del Gobierno, José María Aznar, hace ya más de un año (concretamente el 24 de enero de 2000) para implicar a la iniciativa privada en el plan de infraestructuras sigue atascada, debido, en gran parte, a las diferencias de criterio que mantienen los Ministerios de Hacienda y de Fomento.
La división, según diversas fuentes, se ha agudizado en los últimos meses hasta el punto de que el Ministerio de Fomento, al no encontrar el consenso de Hacienda, ha decidido avanzar su trabajo en solitario y redactar su propia Ley Básica Reguladora de Concesiones de Obras Públicas, eliminando las medidas fiscales que se habían incluido en los anteriores borradores.
Fomento ha decidido concentrar en esa ley otro tipo de incentivos como el reconocimiento a las empresas constructoras de los derechos de explotación sobre las áreas de servicio, gasolineras o centros comerciales, hoteles y aparcamientos que vayan anexos a la infraestructura.
Pago en especie
Esta especie de pago en especie permitirá a una empresa privada financiar la construcción de una autopista en una zona concreta o, por ejemplo, el terminal de un aeropuerto a cambio de la cesión de terrenos que les permitan la explotación comercial de un aparcamiento o de un hotel o, en su caso, la cesión a terceros de ese espacio recibido.
El ministerio que dirige Francisco Álvarez Cascos también incluirá en la ley que proyecta la potestad del Consejo de Ministros de declarar una obra pública de interés general, lo que agilizará notablemente las trabas burocráticas y los costes añadidos a las mismas, que tienen afrontar ahora las empresas, puesto que dependerán sólo de una Administración. Además, se permitirá a la sociedad concesionaria titulizar (cobrar por adelantado de los bancos, que colocan a su vez esa cantidad en los mercados de capitales mediante activos financieros) los derechos de cobro que tenga sobre los peajes u otros ingresos relacionados con la explotación de la infraestructura.
Más difícil lo tiene el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha decidido dejar para la reforma del Impuesto de Sociedades que tiene previsto afrontar el próximo año, cualquier posible medida para favorecer que el capital privado financie la tan necesaria obra pública.
Con todo, Montoro aseguró recientemente en privado a los máximos responsables de las constructoras españolas que no va a permitir 'fórmulas imaginativas' que disfracen el déficit público, una preocupación constante del Ejecutivo. El titular de Hacienda se refería, por ejemplo, al denominado modelo alemán por el que el Estado empieza a pagar a la constructura del proyecto cuando recibe la obra terminada o al sistema de peaje en la sombra, por el que la Administración abona anualmente al concesionario de una obra concreta una cantidad en función del tráfico que utilice la nueva infraestructura o en función del consumo realizado.
Con todo, el ministro de Hacienda se mostró especialmente beligerante con el método muy extendido en las comunidades autónomas (Gisa en Cataluña, Arpegio en Madrid o Gicalsa en Castilla y León) de crear sociedades estatales, de carácter instrumental, que acometen la construcción de infraestructuras y embolsan deuda que puede llegar afectar en un futuro a la estabilidad presupuestaria general.
Rescate de medidas
Hacienda aún no tiene decidido si rescatará medidas que ya barajó en su momento como la rebaja de hasta el 90% en el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios que provengan de la prestación de servicios concesionales sacados a concurso por las distintas administraciones, tal como figuraba en uno de los borradores de la ley de Financiación de Infraestructuras.
Desde la oposición, el PSOE quiere que el Gobierno aclare el modelo que debe asegurar la mejora y construcción de nuevas insfraestructuras.
Con ese objetivo, el partido que dirige José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto presentar en el mes de septiembre una iniciativa parlamentaria para que el Plan de Infraestructuras del Gobierno se tramite como proyecto de ley, como ha ocurrido con el Plan Hidrológico, y donde se contemplen las fórmulas de la participación privada en la financiación de las nuevas obras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de agosto de 2001