La Consejería de Justicia admite las necesidades que tienen muchos de los edificios judiciales de Andalucía pero manifiesta la imposibilidad de satisfacerlas todas a la vez y alega a su favor la aprobación en febrero de este año de un plan de inversiones que destinará unos 60.000 millones de pesetas a infraestructuras en los próximos ocho años.
'Todo es mejorable', afirma Rosa Bendala, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia. 'No estamos ni contentos ni resignados con la situación de las sedes judiciales, pero en la Consejería creemos que el ritmo de nuestro trabajo es razonable y que la inversión es sostenida', concluye.
El plazo de ocho años para ejecutar las inversiones podría acortarse, según Bendala, si el pacto por la Justicia y el nuevo pacto de financiación autonómica permiten destinar mayores cantidades cada año.
Mientras, las prioridades de la Consejería son 'los casos de edificios que están en peores condiciones, que exigen intervenciones urgentes, porque hay otros que, aún necesitando mejoras, pueden aguantar bien durante algún tiempo', según la directora general que, por si acaso, recuerda que 'Andalucía no está ni mejor ni peor que el resto de España'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de agosto de 2001