En Huelva, los responsables del sector de Administración Pública de los sindicatos CSI-CSIF y CC OO consideran que la situación de los principales edificios judiciales de la provincia es 'bastante aceptable'. En este sentido reconocen que, al margen de determinadas reclamaciones laborales, 'los inmuebles son relativamente modernos y, en su mayoría, carecen de deficiencias importantes'.
Eugenio Pérez Arévalo, del CSI-CSIF, mantiene que, 'indiscutiblemente, la posición sindical debe ser la de denunciar irregularidades, pero no queda más remedio que alabar en Huelva la gestión de las competencias que, en esta materia, asumió la Junta de Andalucía en 1996'. No obstante, añadió que 'es necesario proporcionar más dotaciones a la Administración de Justicia para que pueda ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos'.
La situación en Córdoba es similar, aunque la mayoría de los edificios de los juzgados en las localidades de esa provincia son más antiguos, recibidos del Ministerio de Justicia tras las transferencias de 1996. Los responsables de CSI-CSIF no recogen denuncias importantes sobre la seguridad y mantenimiento de las sedes judiciales cordobesas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de agosto de 2001