Apenas iniciado el nuevo curso político, el enfrentamiento entre UPN y la oposición ha alcanzado ya un elevado tono. Las primeras derrotas parlamentarias han llevado al partido de Miguel Sanz a acusar al resto de formaciones de ejercer 'una estrategia establecida con premeditación y alevosía' con el objetivo de 'bloquear la acción del Gobierno de Navarra'. Un objetivo que UPN siempre atribuye a los terroristas y a quienes les apoyan con la finalidad de impedir la viabilidad de Navarra como región. Los socialistas contestaron ayer con contundencia. 'Nuestra lealtad ha sido, es y será siempre con Navarra, no con el Gobierno de UPN', dijo Lizarbe. El dirigente socialista aseguró que con el intento de anular toda tarea de oposición, UPN realiza 'un flaco favor a la democracia' y da argumentos 'a quienes no condenan la violencia'.
El segundo tramo de la legislatura se abre con la necesidad de los regionalistas de superar las derrotas a las que sus minoritarios 22 escaños le someten a diario en el Parlamento. Para ello ha esbozado una línea de negociación simultánea de los principales proyectos de ley con el PSN, hasta ahora su interlocutor único y prioritario, y, como método de presión a éste, con CDN, su escisión histórica.
La respuesta socialista, reiterada ayer, es clara: sí al diálogo con el Gobierno, pero condicionado a los contenidos presupuestarios y a la libertad del PSN para ejercer la oposición. Si UPN modifica sustancialmente su política de alianzas, subraya un documento aprobado ayer por la Comisión Ejecutiva Regional socialista, 'habrá repercusiones contrarias a la gobernabilidad de la región'. 'Que no se engañe UPN', recalcó Lizarbe. 'Nosotros somos alternativa de gobierno e intentaremos ganarle las próximas elecciones. Si lo que quiere es un buen chico que le dé votos y esté callado, pierde el tiempo con nosotros'. El líder socialista recordó que los tres votos de CDN sumados a los 22 de UPN no dan la mayoría absoluta (26 votos) en un Parlamento de 50 escaños, algo que sólo garantizan los 11 escaños socialistas. 'Pero nosotros votaremos en contra de cualquier Presupuesto que no incorpore políticas de progreso', apuntó.
La penúltima contienda de la política navarra está relacionada con la financiación de la píldora del día después. El PSN presentó una proposición de ley para conseguir su dispensación gratuita a las mujeres que la soliciten. UPN recurrió la iniciativa y un informe jurídico de los letrados del Parlamento foral advirtió sobre presuntas ilegalidades de la proposición. El lunes, nada más abrirse el curso parlamentario, el recurso regionalista fue rechazado por toda la oposición, pese a las advertencias legales de los letrados, que consideran que la iniciativa del PSN vulnera el principio de seguridad jurídica y jerarquía normativa y afecta a competencias del Gobierno foral.
Cuestiones ideológicas Lizarbe afirmó que los socialistas 'respetan' el informe, pero discrepan de su contenido. A su juicio, ésta es una de las cuestiones ideológicas 'típicas' en que UPN pretende imponer su voluntad minoritaria a la sociedad esgrimiendo como argumento el apoyo que Batasuna a determinadas propuestas del PSN. Según UPN, los socialistas 'dan el poder de decisión a EH, convirtiéndolos en los jueces de la política navarra'. Sin embargo, el PSN no mantiene relación política alguna con Batasuna ni busca que respalde sus iniciativas para derrotar al Gobierno.
La pelea por la píldora poscoital marca el inicio de un otoño caliente en que los dos partidos mayoritarios están obligados a entenderse para sacar adelante los presupuestos de 2002. 'Con los resultados electorales de 1999 y con nuestra voluntad irrenunciable de ser la alternativa y la oposición real al Gobierno es muy difícil, si no imposible, diseñar un tipo de funcionamiento de las principales instituciones forales distinto del actual. Algo que no ha entendido el Gobierno de UPN', reza el documento socialista.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de agosto de 2001