El sindicato CGT, de orientación libertaria, es la organización que ha abanderado la denominada Plataforma de Apoyo a los Inmigrantes, cuya principal reivindicación se resume bajo el lema papeles para todos. Se caracteriza por su duro estilo de negociación, lo cual se reflejó en en su actuación durante el encierro de inmigrantes en varias iglesias de Barcelona, que derivó en una larga huelga de hambre.
El otro grupo de apoyo surgido en esta ciudad es la plataforma para la Ciudadanía y la Convivencia, un paraguas bajo el que se encuentran CC OO, UGT, SOS Racismo, Cáritas e Iniciativa per Catalunya entre otros. Esta plataforma, que acostumbra a trabajar al margen de la encabezada por CGT, apostó por unificar esfuerzos después del desalojo de la plaza de Catalunya de Barcelona acontecido el pasado 6 de agosto.
Desde entonces, las dos plataformas habían trabajado conjuntamente, lo que propició el acuerdo con la Generalitat y el Ayuntamiento barcelonés sobre el alojamiento de los sin papeles. Este pacto fue considerado satisfactorio por la mayor parte de organizaciones, y eso rebajó el tono de sus demandas a la espera de ver cómo se desarrollaba el conflicto. CGT, por su parte, no quiere ceder ni un ápice en sus demandas de regularización de los inmigrantes. Esta postura ha alejado a Comisiones, UGT, Iniciativa per Catalunya y la asociación Ibn Batuta, que ayer anunciaron que volverán a trabajar desde la plataforma para la Ciudadanía y la Convivencia.
Manifestación el domingo
Estas organizaciones aseguran estar abiertas a 'colaboraciones concretas' con la plataforma de la CGT, pero afirman que mantienen 'importantes discrepancias' con este sindicato por sus métodos de lucha. Sin embargo, algunas de ellas participarán este domingo en una manifestación conjunta de apoyo a los inmigrantes detenidos.
Las diferencias entre ambas plataformas se evidenciaron ayer, cuando CGT convocó una conferencia de prensa por su cuenta y el resto de entidades emitieron un comunicado alternativo para denunciar el incumplimento de algunos puntos del acuerdo alcanzado la semana pasada con la Generalitat y el Ayuntamiento.
Joan Zambrano, de CGT, sostiene que los requisitos que se exigen finalmente a los inmigrantes para acogerse a la oferta de alojamiento 'ponen restricciones e incluso contradicen lo acordado'. Uno de los requisitos deja claro que no podrán acogerse al dispositivo de ayuda los inmigrantes que tengan una orden de expulsión en fase ejecutiva, algo que las dos plataformas aseguran que no han pactado.
La consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, dividió ayer en dos grupos las diferentes asociaciones de apoyo a los inmigrantes: 'Hay algunas organizaciones que han recomendado a los inmigrantes que se acojan al programa de alojamiento, mientras que otras utilizan este asunto para hacer unas reivindicaciones políticas y antisistema', afirmó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de agosto de 2001