En marzo de 1989 me vi obligado a incorporarme al servicio militar. Tres meses más tarde, y tras pasar múltiples peripecias para poder seguir estudiando y asistir a las diferentes pruebas, aprobé las oposiciones como profesor de secundaria. Al empezar el siguiente curso, mientras el resto de compañeros y compañeras que habían aprobado se incorporaba a sus destinos, yo seguía cumpliendo con mis deberes patrióticos.
Las consecuencias de todo esto las seguiré sufriendo el resto de mi vida profesional: no sólo dejé ganar el dinero correspondiente a aquel curso y a la antigüedad que todos los que no hicieron el servicio militar cobran regularmente unos años antes que yo, sino que -lo que es más grave para mí- todos ellos han tenido siempre más oportunidades que yo en los concursos de traslados.
Así, me ha tocado ver cómo el mismo Estado que me obligó a cumplir con él durante 12 meses me negaba las plazas que iba solicitando para dárselas a estos compañeros / compañeras que habían superado las oposiciones al mismo tiempo que yo. Nos encontramos ante una situación generada y avivada por la Administración tanto española como, en mi caso, catalana, que se puede calificar claramente como una discriminación por razón de mili.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de septiembre de 2001