Las encuestas revelan que la corrupción se propaga por todo el continente latinoamericano. De Argentina a México, ninguna nación escapa a una plaga que golpea como nunca.
Un ex presidente en arresto domiciliario por contrabando de armas (Menem), otro antiguo presidente refugiado en Japón después de huir como un forajido (Fujimori), decenas de jueces, empresarios y generales del anterior régimen detenidos (Perú), un desfalco millonario del presupuesto de educación (Colombia)... La lista es interminable. En Argentina, cuya tremenda crisis económica hace estragos en la población, la diputada Elisa Carrió encabeza con más coraje que recursos una cruzada contra la nueva modalidad de corrupción: el lavado de dinero. Su figura quijotesca despierta el interés de muchos argentinos, que reniegan de los desacreditados políticos tradicionales.
Desde sus orígenes en los tiempos de Al Capone, la práctica de lavar el dinero de procedencia ilegal ha aumentado vertiginosamente. Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 500.000 millones y un billón y medio de dólares al año -entre el 1,5% y el 4,5% del PIB mundial- generados en actividades ilícitas son lavados a través del sistema bancario. De momento, no hay un criterio homogéneo a la hora de establecer qué es dinero sucio, pero en la última década los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), primero, y los de América, Este asiático y Europa oriental, después, han adoptado leyes contra el lavado de dinero. En abril, el Congreso argentino dio luz verde a la modificación del Código Penal en materia de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y a la creación de la unidad de información financiera.
La Comisión Especial Investigadora de hechos ilícitos vinculados con el lavado que preside Carrió quedó constituida en la Cámara de Diputados el 9 de mayo. Cuatro meses y medio después ha salido a la luz el primer resultado de la investigación, que ha contado con valiosa información facilitada por el subcomité del Senado de EE UU. "Sabíamos que teníamos que salir de Argentina para tener información", dice Carrió.
Por ahora se trata de una primera aproximación a cómo se cruzan empresas y bancos con la complicidad del Estado, la falta de controles, la evasión impositiva y la banca sucia, con fuerte presencia política. Conocidos nombres de la vida pública aparecen en lugar destacado en el informe, como el ex presidente Carlos Menem, cuya campaña electoral, según la controvertida diputada, fue financiada en un 80% por el banquero y empresario saudí Ghaith Pharaon, "uno de los hombres más ricos del mundo". Su penetración en Latinoamérica a través del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) es, según Carrió, "la causa madre" y el modelo de lavado de dinero.
La investigación, que en realidad comenzó cuatro años atrás, ha permitido conocer detalles de los mayores escándalos de corrupción y de las vinculaciones entre ellos. Como el caso IBM-Banco de la Nación, surgido a raíz del contrato firmado en febrero de 1994 con la multinacional estadounidense para la informatización de la entidad bancaria, por el que se pagaron cuantiosos sobornos a funcionarios. O la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, entre 1991 y 1995, por la que está detenido Menem y están imputados y procesados otros 46 funcionarios.
La cifra real que se pagó por las armas fue tres veces superior a la de 35 millones de dólares que constan en la documentación oficial. Señala la comisión que "las operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mueven en Argentina aproximadamente 6.000 millones de dólares anuales, más otro tanto de evasión fiscal". La corrupción incluye el favoritismo hacia el grupo empresarial Yoma SA, de Emir Yoma, cuñado de Menem, también detenido y procesado por la causa de las armas. La deuda del grupo con la banca oficial, que en 1990 era de medio millón de dólares, ascendió a 140 millones 10 años después.
Las dos líneas de investigación recorren, por una parte, el lavado de dinero, tráfico de armas y droga, y por otra, la capitalización de deuda externa, vaciado de bancos y operaciones con compañías off shore, que incluyen a la española Telefónica. Carrió señala que Suiza ha rechazado los requerimientos argentinos sobre información de presuntas cuentas bancarias en el país helvético de Menem, de Alberto Kohan, antiguo brazo derecho del ex presidente, y del actual ministro de Economía, Domingo Cavallo. El problema es que el delito de enriquecimiento ilícito no existe en Suiza. "Hay otras cuentas en el exterior que están siendo investigadas:Bahamas es la clave. Menem será condenado, es cuestión de paciencia", dice Carrió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de septiembre de 2001