Mientras Jesús Cardenal siga como fiscal general del Estado, Josep Piqué como ministro de Asuntos Exteriores, Jaume Matas como ministro de Medio Ambiente, Pilar Valiente como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Luis Ramallo ejerciendo como notario, Javier Gómez de Liaño indultado de su expulsión de la carrera judicial y un largo etcétera de sobra conocido, España no se puede definir como un Estado de derecho, por lo que habría que modificar el artículo 1.1 de la Constitución de 1978.
Si J. Locke, autor del siglo XVII, o Montesquieu, del XVIII, levantasen la cabeza, supongo que al ver tanto personajillo en grandes despachos nos tomarían por tontos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de septiembre de 2001