La sentencia de cierre dictada por un tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Málaga contra cuatro canteras ilegales de Alhaurín de la Torre ha sentado un precedente que los vecinos no piensan desaprovechar. La Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, integrada por colectivos vecinales, ecologistas e IU anunció ayer su decisión de exigir responsabilidades penales 'tanto a las empresas extractivas como a los funcionarios de las administraciones que han colaborado en mantener esta situación de ilegalidad', según dijo ayer su presidente, Juan Piña.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga decreta el cierre de cuatro de las ocho canteras que funcionan en la localidad, de las que han salido en los últimos años materiales de construcción para importantes obras públicas en la provincia.
La Plataforma, que lleva años solicitando al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre -gobernado por Joaquín Villanova, del PP- el cierre de las explotaciones, decidió recurrir a los tribunales ante el silencio administrativo del equipo de gobierno, que permitía a las empresas continuar con su actividad.
Los canteros recurrirán
El tribunal ha desestimado otras tres peticiones de cierre y la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (ANEFA) ha anunciado que recurrirá la sentencia porque, afirman, 'el juez no ha tenido en cuenta el marco legal existente en el momento del otorgamiento de las licencias'.
ANEFA asegura también que 'las cuatro canteras cerradas cuentan con todos los permisos necesarios para su actividad' -según la sentencia, ninguna de ellas está en poder de la preceptiva licencia municipal para la extracción; licencia que sólo se pidió en uno de los casos, y con respuesta negativa. Una de ellas ni siquiera dispone de permiso para el tratamiento posterior de los áridos-.
La Plataforma también ha anunciado que pedirá indemnizaciones individuales para todos los vecinos afectados por las consecuencias de tener canteras activas cerca de sus casas, y anuncia que demandará como responsables civiles subsidiarios al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y a la Junta de Andalucía, administraciones a las que los vecinos acusan de 'haber consentido, cuando no amparado, esta situación irregular'.
Piña se mostró especialmente duro con el ayuntamiento: 'Durante todo este tiempo', dijo, 'el ayuntamiento ha estado defendiendo que las canteras tenían licencia de apertura pese a que sabía mejor que nadie que no era cierto, ya que es la administración competente para otorgar las licencias. Pero, no contento con eso, el alcalde ha gastado millones de pesetas del presupuesto municipal para pagar abogados que han defendido los intereses de los canteros en contra de los de los propios ciudadanos'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de septiembre de 2001