Reducir la jornada laboral a los funcionarios que tengan hijos recién nacidos le costará el año que viene a la Generalitat 2.000 millones de pesetas. Hasta ahora, el Departamento de Gobernación de la Generalitat pretendía que la medida afectara sólo a las mujeres, pero ahora ultima un anteproyecto de ley que incluye también a los hombres. Los funcionarios cobrarán el 100% del sueldo aunque reduzcan la jornada para dedicarse al cuidado de un hijo hasta que éste cumpla un año.
El anteproyecto del Gobierno catalán pretende elevar la natalidad e irá al Parlament para su debate en pocas semanas. Sus medidas afectarán tanto a los hijos naturales como a los adoptivos. Se trata de una medida pionera en España y pretende motivar a otras autonomías a que copien el sistema. España mantiene la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea. Cada catalana tiene un promedio de 1,2 hijos.
El Ejecutivo de Jordi Pujol parece dispuesto a superar la retórica demográfica de la que hizo gala en otro tiempo para incentivar la natalidad de los catalanes. Ahora quiere sustanciar aquel anhelo con los preceptos constitucionales, que aseguran la protección económica, social y jurídica de la familia: 'Si queremos potenciar la natalidad debemos propiciarla', resume la consejera de Gobernación Núria de Gispert.
Será el cuarto órdago legislativo de la consejera. Los tres primeros fueron la Ley de parejas de hecho (1998), la Ley para acceder a la historia clínica (diciembre de 2000) y la Ley del testamento vital (2000), impulsadas en su etapa como titular del Departamento de Justicia.
Hasta ahora, la ley permite que las funcionarias mujeres puedan -después de las 16 semanas de baja por maternidad- reducir un tercio de su jornada laboral hasta que el hijo tiene seis años. Pero si piden la reducción cobran entre el 60% y el 80% del salario. La nueva medida permitirá que, hasta que el menor tenga un año, hombres o mujeres con baja por maternidad reciban el 100%. Es decir, después de las 16 semanas de permiso de maternidad que existen ahora a nivel estatal, el funcionario podrá acogerse a una reducción de un tercio de su jornada durante ocho meses con el sueldo íntegro.
Durante el año 2000, tuvieron hijos sólo 3.064 funcionarias de la Generalitat de las 78.365 -el 3,9%- que emplea la Generalitat. De ellas, sólo la mitad pidió la reducción de jornada.
Se pretende que la reducción de jornada sin merma de sueldo se aplique también 'al personal de las universidades (6.947 funcionarios administrativos, no los profesores), las empresas públicas (15.000 empleos), y las administraciones locales, que emplean a 57. 947 personas', según el anteproyecto. En total, la medida afectará a 200.000 empleos y para su aplicación habrá que modificar el estatuto de la Función Pública.
El anteproyecto de ley que ultima De Gispert incita a que el trámite parlamentario de la ley incorpore medidas similares que tiendan a motivar al sector privado. La idea es que a través de los convenios colectivos de las empresas, se alcance 'la jornada continuada durante ocho meses, la reducción de jornada en las mismas condiciones que los funcionarios y la exención en el pago a la Seguridad Social durante este periodo', siempre según el borrador que ultima Gobernación. También se prevé ampliar de dos a cinco días el permiso que se otorga a los funcionarios en el nacimiento de un hijo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de septiembre de 2001