El deseo de la empresa Hospimar 2000 de construir un nuevo centro sanitario en Benidorm chóco con la oposición cerrada de la dirección de la Consejería de Sanidad, que incluso llegó a contradecir a sus propios técnicos, hasta que un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad dio la razón a la empresa.
Mientras dos informes elaborados por técnicos de la consejería avalaron la puesta en marcha del nuevo centro, al departamento que dirige Serafín Castellano no le supuso problema alguno pasar por encima de estos dos estudios y rechazar la solicitud. Uno de los informes, relativo a los aspectos estructurales del edifico recogía que 'de la documentación aportada (...) tanto los locales como las instalaciones son adecuadas para el fin a que se destinan, por lo que se informa favorablemente la solicitud presentada'. El segundo documento, relacionado con criterios asistenciales, también dio la razón a Hospimar 2000. Textualmente, el informe señaló que el centro 'en sus aspectos asistenciales puede considerarse adecuado para la actividad que pretende desarrollar por lo que se informa favorablemente la solicitud presentada'.
Ninguno de ellos tuvo el peso suficiente para inclinar la balanza hacia la autorización y, pesaron más los argumentos presentados por los propietarios de la Clínica Benidorm sobre la saturación de la oferta sanitaria, que la opinión de los expertos de Sanidad
Esta situación, sin embargo, se recondujo a partir de una decisión del TSJ. Un auto emitido hace tres meses reconoció, de forma cautelar, el derecho de la empresa a construir un nuevo hospital privado en Benidorm. El tribunal basó su decisión en que tras el escrito en el que Hospimar tramitó la solicitud, realizado el 28 de abril de 2000, pasaron tres meses sin que la consejería resolviera la petición. Precisamente estos 90 días son el plazo que fija la ley para conceder una respuesta positiva basada en el silencio administrativo. El TSJ no entró en los razonamientos de la resolución en la que Sanidad denegó el permiso. Destacó que la reslución de la consejería, del 22 de agosto, se realizó fuera de plazo, por los que accedió a reconocer la eficacia del silencio administrativo 'por el que se debe entender otorgada la autorización solicitada'. El tribunal también recogió en el auto, recurrido por Sanidad, los perjuicios económicos causados a Hospimar, aunque matizó los más de 1.000 millones planteados por la empresa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de septiembre de 2001