El día 6 de septiembre diversos medios de información anunciaron que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, debía tomar ese mismo día la decisión de aumentar considerablemente -de 100 millones de pesetas a 1.000 millones- el presupuesto destinado a indemnizar a los presos encarcelados bajo la dictadura por razones políticas.
Con esa decisión, el presidente madrileño quiere demostrar que ha sido sensible a las protestas que últimamente se han hecho públicas por la cuantía irrisoria de las compensaciones concedidas en la presente legislatura. Es evidente que, con esta decisión (digna de aplauso), el señor Ruiz-Gallardón pretende valorizar su imagen y acreditar una sensibilidad favorable a los presos del franquismo.
Sin embargo, hay otra decisión que pone en duda esta 'sensibilidad': la de negar el derecho de indemnización a la viuda de un preso del franquismo ejecutado 17 días después de haber sido detenido en Madrid en 1963. A la señora Pilar Vaquerizo, viuda de Francisco Granado Gata, el señor Ruiz-Gallardón le ha negado el derecho de indemnización que se ha dado a los presos, porque su marido no cumple el 'requisito' de haber hecho un año de cárcel como mínimo. ¿Matar a un preso fue menos grave que prolongarle su detención un año? Su actual 'sensibilidad' con los presos del franquismo es digna de aplauso, pero ¿cómo acreditársela si sigue discriminando a la viuda de Francisco Granado?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de septiembre de 2001