Durante el año 2000 se iniciaron en España 577 diligencias previas por delitos de contratación irregular de inmigrantes, a las que hay que sumar las que se abrieron por delitos relacionados con el tráfico ilegal de personas, que ascendieron a un total de 119 causas en el año pasado, según datos de la Memoria Fiscal.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, asegura en los comentarios a los datos de su memoria que se ha observado 'un progresivo aumento de las actas de infracción remitidas por la Inspección de Trabajo detectando situaciones de contratación irregular, aunque no todas sean constitutivas de delito'.
Según la Fiscalía General del Estado, estos delitos quedan en muchas ocasiones sin penalizar por la Justicia, ya que estas diligencias previas 'no siempre se concluyen satisfactoriamente ante la imposibilidad de identificación de los intermediarios, por la negativa de los perjudicados a denunciar ante el temor a represalias o', concluye, 'simplemente ante el peligro de quedarse sin trabajo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de septiembre de 2001