El titular del juzgado número 5 de lo Social de Málaga ha ordenado el embargo de las cuentas que el Obispado malagueño tiene en Cajasur para pagar 2,6 millones por salario de tramitación para una profesora de religión de la capital que no fue renovada en su puesto en 1998.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de septiembre de 2001