El Gobierno volvió a apelar ayer al laicismo del Estado para no intervenir en el conflicto de los profesores de religión despedidos por motivos como casarse por lo civil o irse de copas con los amigos. La tesis gubernamental es que el Estado laico no puede hacerse cargo del nombramiento de ese profesorado, que corresponde a los obispos, aunque sí de su contratación y salarios.
El ministro Josep Piqué, que discutirá mañana en la Santa Sede el sistema de financiación de la Iglesia católica y los problemas de interpretación de los acuerdos de enseñanza, explicó ayer que hará en el Vaticano "una revisión, un repaso de la relación bilateral".
"A todos nos conviene ver cómo está funcionando y calibrar, en su caso, posibles modificaciones", añadióel ministro. Pero luego recalcó que el Gobierno no está planteando "modificaciones ni en un sentido ni en otro".
"Vamos a repasar conjuntamente cómo están las cosas, desde la voluntad de mantener una relación lo más estrecha posible con el Vaticano" y de respetar lo dispuesto en la Constitución, que determina "con toda claridad" el carácter laico del Estado español, "pero también reconoce el papel que juegan la religión católica y la Iglesia en este país para muchos de nuestros conciudadanos".
La visita de Piqué estaba prevista antes de que trascendieran "determinados temas polémicos", dijo el ministro en referencia a los despidos de profesoras en centros públicos de Almería, Málaga y Canarias, y el caso Gescartera.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de septiembre de 2001