El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la ley de las Islas Baleares del impuesto sobre alojamientos turísticos, conocido como ecotasa, a la vez que confirma su suspensión, según consta en una providencia remitida al Congreso de los Diputados. En dicho auto se recuerda que, desde el momento de la impugnación por el Ejecutivo central, la citada normativa ha quedado en suspenso, si bien el Tribunal Constitucional habrá de decidir en el plazo de cinco meses si levanta o mantiene la suspensión hasta que se dicte la sentencia.
Igualmente, el Tribunal Constitucional abre un plazo de 15 días para que los Parlamentos estatal y autónomo o el Gobierno balear se puedan personar en el proceso y formular las alegaciones que estimen oportunas.
La ecotasa se aprobó en el pasado mes de abril en la Cámara autonóma balear y es un impuesto cuya recaudación estará destinada a proyectos de rehabilitación de zonas turísticas y espacios naturales. Para ello grava con una media de un euro (166,386 pesetas) diario a todos los turistas mayores de 12 años que no viajen con programas sociales subvencionados y se alojen en establecimientos turísticos.
La Presidencia del Gobierno balear evitó anoche valorar la decisión del Tribunal Constitucional que consideró "normal" y "un trámite".
En los proyectos de presupuestos para 2002 que elabora el Ejecutivo del socialista Francesc Antich no se contemplaba otra hipótesis, porque no contienen la partida de 10.000 millones de pesetas de ingresos para el caso en que hubiera sido factible la entrada en vigor y el cobro del impuesto para turistas con finalidades medioambientales, si el Tribunal no hubiese aceptado la suspensión cautelar que reclamó el Gobierno central.
Hoteleros
El Gobierno de José María Aznar, semanas antes de decidir acudir al Constitucional para anular la ecotasa, dudó sobre la petición de suspensión, una hipótesis que al hacerse pública incomodó a los empresarios hoteleros, que han sido los principales impulsores de la batalla política contra el novedoso impuesto para turistas con finalidades de protección del medio ambiente. Los empresarios de la hostelería aseguran que el turismo se resentirá de manera notable si el nuevo impuesto sale adelante. El Ejecutivo balear y los grupos ecologistas lo consideran imprescindible.
La ecotasa ha sido en el último año y medio el motivo principal del enfrentamiento entre los empresarios y el Gobierno de Antich. Al no conseguir la retirada del proyecto, los hoteleros rompieron todo tipo de relaciones con el consejero de Turismo, Celestí Alomar, también del PSOE.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de septiembre de 2001