Somos un colectivo de familias que en julio de 1999 adquirió una vivienda unifamiliar al Grupo TPC en el sector La Corita, de Valdemoro. En ese instante vimos la posibilidad de conseguir una vivienda de calidad para nuestros hijos. Pero también comenzó, sin saberlo, nuestro sufrimiento. Han sido dos años de falsas esperanzas, excusas incomprensibles y mentiras. Sin haber presentado la licencia de obras, se nos comunica en el pasado mes de junio que el proyecto inicial ha sido modificado, el precio ha aumentado considerablemente y que nuestra opción pasa por pagar el aumento o por recoger las cantidades entregadas y marcharnos.
En vez de entregarnos la vivienda como nos prometieron en junio de 2001, nos encontramos con un contrato cerrado incumplido y con nuestros sueños rotos. Ante nuestra incredulidad y temor a qué pasaría con el dinero entregado hasta el momento, muchos optan por recogerlo a sabiendas de la pérdida causada por el elevado aumento inmobiliario de la zona. Los demás nos negamos a que se incumpla el contrato (no sólo en el aspecto económico, sino también en la pérdida de superficie construida), pero la parte vendedora, con absoluta impunidad y prepotencia, opta por romperlo unilateralmente. Imagínense nuestra impotencia y asombro, cuando ni tan siquiera la parte vendedora se digna negociar con nosotros una salida mínimamente aceptable.
Alegan un sinfín de retrasos, de incremento económico del terreno, pero ninguna razón de fuerza mayor. A posteriori, reconocen que todas las circunstancias que han sucedido eran previsibles (evidentemente, lo eran sólo para ellos, porque si nosotros lo hubiéramos previsto habríamos comprado a otra promotora). Intentaremos con todas nuestras fuerzas hacer valer nuestros derechos. Nos sentimos indefensos pero a la vez confiados en que la justicia e igualdad que deben imperar en nuestra sociedad se impongan a la impunidad y a los abusos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de septiembre de 2001