El Gobierno navarro paga el coste íntegro de la Administración de Justicia en la comunidad foral, pero no dispone del poder de decisión suficiente para mejorar la calidad de un servicio público cuyas deficiencias materiales y personales han provocado la mayor crisis habida entre los jueces y el Ejecutivo regionalista. Así lo pone de manifiesto el primer informe de fiscalización sobre esta nueva competencia autonómica, dado a conocer por la Cámara de Comptos.
Navarra gastó el pasado año 1.784 millones en Justicia, competencia asumida en octubre de 1999, de los que 1.381 millones correspondieron al pago de salarios. Pero el informe destaca que por el reparto de competencias pactado en los decretos de transferencias, la comunidad paga el coste total del sistema, pero apenas controla la gestión del personal.
Ello genera, según la Cámara de Comptos, 'un modelo de organización muy limitado para la Administración foral' que le impide 'implantar los instrumentos de gestión que permitan mejorar la calidad de ese servicio público'.
El informe llega pocos días después de que trascendiera la grave crisis abierta entre la cúpula judicial navarra y el Gobierno foral. Los jueces acusaron a la Dirección General de Justicia de 'intromisión' en sus competencias y de obstaculizar su trabajo.
La Cámara de Comptos indica que Navarra adquiere y mantiene los edificios, mobiliarios e instalaciones de justicia; paga su mantenimiento, subvenciona la asistencia jurídica gratuita de abogados y procuradores y los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz. No obstante, es el Estado el que se reserva la organización general de la justicia y, en cuanto a gestión de personal, la mantiene íntegramente en el caso de los magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales. Además, establece las condiciones generales de trabajo del resto de los cuerpos nacionales sobre horarios, concursos, complementos, jornada o vacantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de septiembre de 2001