Con el objetivo de lograr que en el siglo XXI el proceso reproductivo humano tenga lugar, 'en cualquier parte del mundo, en condiciones de bienestar físico, mental y social tanto para la mujer como para su bebé', ayer se aprobó la Declaración de Barcelona sobre los derechos de la madre y el recién nacido.
Este documento pionero, que se aprobó anoche en el marco del Congreso Mundial de Medicina Perinatal, en el que participan 3.000 profesionales de 103 países, insta a los legisladores de todo el mundo y a las organizaciones políticas y sanitarias supranacionales a respetar los derechos de la madre y del bebé.
Las mujeres, afirma la Declaración de Barcelona, deben poder decidir libremente sobre el momento más adecuado para tener hijos y sobre cuántos quieren tener. El derecho a la maternidad 'no puede ser limitado por los poderes públicos en base a criterios demográficos o sociales', señala el documento.
Las futuras madres deben tener garantizado también, según la citada declaración, el acceso a los avances tecnológicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, aplicables durante el embarazo y el parto. Además, toda mujer 'debe poder participar en los procesos de decisión que le afectan a ella y a su hijo.
El documento también dedica un apartado a la necesidad de que las mujeres no sufran marginación alguna en su lugar de trabajo a causa de la maternidad. El derecho a una interrupción voluntaria del embarazo y a recibir información sobre los beneficios de la lactancia materna también se recogen.
El documento insta igualmente a los Gobiernos de todos los países a garantizar a las madres una nutrición adecuada durante el embarazo, a proporcionarles información sobre salud reproductiva y a una 'asistencia sanitaria correcta que evite riesgos innecesarios'.
En el apartado dedicado a los derechos de los hijos, la declaración cita la necesidad de que éstos reciban 'los cuidados sanitarios, afectivos y sociales que le permitan un desarrollo óptimo'. El texto señala que todo recién nacido tiene derecho a la vida, pero añade que no debe intentarse hacer sobrevivir a un bebé 'cuando su inmadurez es superior al límite inferior de viabilidad'. Ninguna razón cultural, política o religiosa puede poner en peligro la vida del recién nacido, señala también la declaración.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de septiembre de 2001