El sindicato mayoritario en el sector de Justicia, CSIF, ha recurrido ante el Tribunal Superior del País Vasco los perfiles lingüísticos aprobados por el Gobierno el pasado mes de julio para agentes judiciales, auxiliares y oficiales procedentes de la Administración central. El decreto del Departamento de Justicia establece unos perfiles que deberán acreditar los funcionarios en un máximo de diez años.
El sindicato cree que el Gobierno vasco incumple los parámetros marcados por el Consejo General del Poder Judicial, que determinó que los perfiles lingüísticos se deben tener en cuenta como mérito, y no como requisito. El sindicato pide que el aprendizaje sea voluntario y se elimine el plazo de diez años.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de septiembre de 2001