El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Fomento contra el convenio suscrito por la televisión autonómica de Canarias y la sociedad Productora Canaria de Televisión (participada por empresarios audiovisuales locales y por el Grupo PRISA) y ha reafirmado que la jurisdicción contencioso administrativa es incompetente en el litigio planteado.
La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC confirma así la sentencia dictada en noviembre de 2000 por el Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas en la que se declaraba la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Administración central contra la convocatoria del concurso y aprobación de los pliegos para la adjudicación del contrato de suministros de producciones audiovisuales de la televisión autonómica canaria.
Con este fallo, que lleva fecha de 7 de septiembre, se confirma 'en todos sus extremos' aquella sentencia, según la cual en las sociedades anónimas estatales, el régimen de contratación se sujetará al derecho privado. La actuación de Fomento iba dirigida contra el acuerdo del 28 de diciembre de 1998 del Consejo de Administración de RTV Canarias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de septiembre de 2001