El sindicato Unió de Pagesos (UP) denunció ayer la existencia de un pacto entre el Ministerio de Agricultura, el Departamento de Agricultura y las industrias cárnicas para no aplicar las medidas previstas por la Unión Europea para poder luchar con mayor efectividad contra la peste porcina clásica (PPC). UP exigirá responsabilidades a las administraciones mediante un recurso contencioso administrativo.
Estas medidas de mercado, que están siendo reclamadas con insistencia por el consejero Josep Grau y los ganaderos afectados desde que se declaró el primer caso de peste, permitirían a la Administración comprar a precio de mercado para su destrucción todos los cerdos que quedan inmovilizados en un radio de uno a 10 kilómetros de los focos. En la actualidad, la no intervención de esos animales ocasiona pérdidas a los productores porque cuando se levanten las restricciones bajará su cotización al estar pasados de peso.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, asegura que la negativa del Gobierno a solicitar a Bruselas esas medidas tiene como finalidad no distorsionar los mercados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de septiembre de 2001