El Gobierno de la Generalitat de Cataluña desoyó ayer un auto judicial que permitía al alcalde de Llagostera (Girona) paralizar la instalación de una línea eléctrica de Fecsa-Endesa en su término municipal. La construcción de la citada línea eléctrica ha desatado una larga polémica entre la Generalitat y el Ayuntamiento, que pretende que el trazado discurra a una determinada distancia del núcleo urbano.
El alcalde, Lluís Postigo, ha intentado paralizar las obras basándose en una sentencia judicial que le amparaba en sus pretensiones. Ayer mismo la juez que entiende en el caso calificó la citada sentencia de 'válida, firme y vigente', y reiteró al alcalde que tenía plenas facultades para paralizar las obras y derribar las torres si fuera necesario.
Después de una larga deliberación con sus asesores jurídicos, el Gobierno de la Generalitat resolvió mantener la continuación de las obras por la fuerza con el apoyo de más de 60 agentes de los Mossos d'Esquadra, tras manifestar que un posterior decreto de la Generalitat anulaba lo previsto en la citada sentencia.
El alcalde anunció ayer que presentará una denuncia contra los Mossos d'Esquadra por no acatar una orden judicial al permitir las obras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de septiembre de 2001