de la Generalitat en el caso de la línea eléctrica de Les Gavarres, me viene a la cabeza la siguiente reflexión. Entre la legitimidad de los votos del alcalde de Llagostera contrario a que la línea atraviese su término municipal y la posición dela empresa privada Endesa, la actuación de la Administración ha ido a favor de la segunda. No puedo entender de ninguna de las maneras que la intermediación del gobierno de la Generalitat, por muy necesaria que sea para el interés del país, vaya en contra de la representatividad popular y a favor de una empresa nada deficitaria y que presta sus servicios en régimen de casi monopolio.
Cuando el interés económico pasa delante del interés del municipio no me parece que sea preciso demostrar los efectos perniciosos de las líneas de alta tensión para convenir que estamos ante un menosprecio a la voluntad popular. Que alguien me lo explique, por favor.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de septiembre de 2001