No podemos desligar el problema de los adolescentes de la calle del de la inmigración en general. La llegada a Europa de ciudadanos de países con un nivel de desarrollo muy por debajo del nuestro no disminuirá mientras estas personas no puedan ganarse la vida en su país de origen. La llegada de estos adolescentes ha originado un fenómeno sin precedentes que en un primer momento desconcertó a las administraciones. Se han tenido que buscar soluciones nuevas, porque los recursos que había resultaron insuficientes y, en muchos casos, rechazados por los menores.
El porqué de este rechazo hay que buscarlo en las características de los adolescentes y en las causas que los empujan a marchar de su país. Vienen a trabajar, pero los menores de 16 años no consiguen ningún contrato a causa de su edad, y los mayores de 16, por falta de papeles, por desconocimiento de la lengua o por falta de cualificación. Los menores que conservan la relación con su familia resultan más fáciles de canalizar hacia los recursos de la red de protección. Pero hay menores cuyas características principales son las carencias afectivas, educativas y sanitarias; en muchos casos son consumidores de sustancias tóxicas, con disfunciones y trastornos crónicos, y tienen comportamientos problemáticos.
Desde la Dirección General de Atención al Menor se trabaja en un conjunto de medidas de protección, que pretenden evitar el rechazo sistemático hacia las fórmulas destinadas a paliar la situación de alto riesgo social en la que se encuentran la mayoría de estos adolescentes. Estas medidas se llevan a cabo con la colaboración de otras instituciones públicas y entidades de iniciativa social. Serán de gran ayuda las modificaciones de la ley de los menores desamparados, que han sido aprobadas por el Gobierno catalán esta misma semana y que se presentarán en el Parlament. Son modificaciones para proteger a los adolescentes que no se dejan proteger. Como bien dice el consejero de Justicia, Josep Guàrdia, 'los menores han de probar la medicina' y comprobar que les queremos ayudar.
La inmigración deja de ser un problema si hay integración. Hace falta, sin embargo, abordar otra línea de actuación que implica la colaboración con los gobiernos de los países de origen de los menores, como en el caso del reagrupamiento familiar. Los próximos años vendrán marcados en Europa por la inmigración: es necesario adaptarse con rapidez, eficacia y sensibilidad.
Anna Solé es directora general de Atención al Menor de la Generalitat.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de septiembre de 2001