'Es más fácil pedirnos que los niños de la calle estén dentro, que no tenerlos fuera porque entonces se ven y pueden alterar la seguridad ciudadana'. Así de claro se expresa un alto cargo del Departamento de Justicia de la Generalitat para censurar la 'hipocresía' que, en su opinión, muestra la sociedad hacia este problema. 'Todo el mundo pide que se encierre a estos menores, pero nadie quiere que los centros a los que han de ir se instalen en su edificio o en su barrio', añade con la misma contundencia.
Ahora, después de tres años de intentar sortear el problema, la administración autonómica está decidida a que los niños de la calle que rechazan las tutela de la Generalitat de la administración y que cometen pequeños delitos dejen de escaparse de los centros de acogida. Para ello ha reformado la ley civil de protección de menores y siempre que la fiscalía no se oponga, se retendrá a estos niños en los centros de acogida, sin necesidad de tutela judicial. Con toda seguridad, la fiscalía no mostrará ninguna reticencia a aplicar estas medidas, porque el mismo fiscal jefe, José María Mena, ya pidió hace tres semanas a la Generalitat que asumiera sus competencias y se hiciera cargo de los niños de la calle.
La pregunta que ahora se plantea es si bastará con el internamiento forzoso de estos menores y con imponerles unas normas de conducta y educación para evitar que vuelvan a deambular por las calles y caigan en las redes de la delincuencia. Gemma Calvet, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, considera que con esa reforma legal no basta y opina que existe una actitud de desidia por parte de las administraciones. De todas. 'La Generalitat no cumple con su obligación legal de tutelar a esos niños, pero el Ayuntamiento de Barcelona tampoco pone los recursos preventivos, como educadores de calle, centros de día de acogida o talleres de formación', asegura la letrada. Y en cuanto a la fiscalía, opina que actúa 'en connivencia con la Generalitat'. El resultado es, en su opinión, que se acentúan los índices de criminalidad por esa 'falta de responsabilidad de las administraciones' y se recurre al internamiento forzoso. 'Algunos creemos que ésa debería ser la última medida y primero se debería trabajar preventivamente', asegura Calvet.
Falta de competencias
Frente a esas consideraciones, el Ayuntamiento de Barcelona, argumenta que carece de competencias para abordar el problema, que hace un año se las reclamó a la Generalitat y que la administración autonómica no se ha pronunciado todavía.
Desde el Departamento de Justicia ya se admite que la reforma legal no será la panacea del problema y que se trata de un camino 'largo y complicado' porque cada menor es distinto y requiere un tratamiento específicio y diferenciado. Y eso implica más dinero en personal y en instalaciones para acogerlos, cuya ubicación ni siquiera está decidida porque topa continuamente con la oposición de los vecinos afectados. Un trabajo complicado porque le toca a la administración ejercer de padres hasta que los niños tengan 18 años. Y a partir de entonces, ya se verá.
Algunos piensan que la reforma legal tendrá efectos disuasorios y que cuando los menores sean internados de manera forzosa huirán a otras ciudades, pero otros piensan que en algunos casos actuará como efecto llamada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de septiembre de 2001