El pase a la situación de retirado, el pasado 17 de julio, ha librado al hasta esa fecha máximo responsable de los Servicios de Seguridad Social de la Armada, el coronel de Intendencia C. P. A., del expediente por falta grave abierto contra otros tres oficiales.
Fuentes de Defensa ratificaron ayer que la ley disciplinaria no puede ser aplicada a militares retirados, pero que el coronel sí figura en la documentación remitida al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por si la conducta de los mandos de la Armada fuese constitutiva de delito.
Según la nota difundida el jueves por Defensa, los gestores de la Seguridad Social incurrieron en "manipulación contable y ocultación en los balances del riesgo que corrían las inversiones de la Armada entre el año 2000 y el 2001".
La Seguridad Social de la Armada invirtió 300 millones, que logró recuperar en mayo pasado, aunque el retraso le supuso un descubierto con un coste de 3,3 millones de pesetas. Al parecer, éste no fue el primer retraso de Gescartera, pero los anteriores se ocultaron.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 2001