El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, declaró ayer a Europa Press que, tras los recientes atentados terroristas de Nueva York y Washington, 'a nadie le puede extrañar' que, al elaborar la nueva Ley de Extranjería, el PP y el Gobierno estableciesen 'la cautela de que las personas en situación irregular no se puedan asociar, reunir y sindicar'. Y añade: 'Algunas personas han pensado después de estos hechos que es bastante recomendable esta situación'.
Uno de los aspectos más polémicos de la ley aprobada el 23 de enero es la supresión de algunos derechos sociales y políticos a los inmigrantes irregulares que existían en la ley anterior, como los de reunión, manifestación y asociación, sindicación y huelga. Numerosos partidos, ONG y el Consejo Económico y Social consideran que las restricciones de la nueva ley limitan la posibilidad de este colectivo de denunciar las situaciones de explotación.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 2001